Saltillo
Por
Diana Martínez
Publicado el sábado, 21 de junio del 2025 a las 15:00
Saltillo, Coah.- A consecuencia de las políticas migratorias del Presidente de Estados Unidos, cientos de personas del Sur y Centroamérica se quedaron varadas en Coahuila, indicó Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo.
Explicó que, desde la toma de protesta de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, se suspendieron las citas para solicitar asilo y se incrementó la vigilancia en la frontera con México.
Por lo que, las personas en transito y quienes estaban ya en la frontera norte esperando la fecha de su cita tramitada en la aplicación CBP One, no tuvieron más opción que quedarse en la republica mexicana, lo que representa un desafío humanitario para las autoridades nacionales y estatales.
“ Si, estamos viendo que la gente esta eligiendo ciudades de la frontera norte, sobre todo por el desarrollo económico que tienen y porque presentan oportunidades de empleo, entonces estamos viendo un incremento de personas en Nuevo León, en Coahuila”, detalló.
El activista preciso que, en el caso de Coahuila, las personas migrantes prefieren quedarse en municipios como Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe.
Dijo que esta información se obtuvo gracias al informe “Sueños cancelados”, que realizó la Red Pedro Pantoja de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes de la Zona Norte, el Instituto Fronterizo Esperanza y otras asociaciones civiles.
En el informe también se observa que el flujo migratorio disminuyó un tercio en los cinco meses de la administración de Trump, pues la gente tiene miedo y se quedan en sus países a pesar de que la violencia y la inseguridad se ha encrudecido.
“ La gente sabe que si llega a la frontera e intenta llegar a Estados Unidos o van a ser deportados o se van a quedar en situación irregular en México, entonces la gente lo esta pensando”, agrego.
Finalmente denunció que los decretos presidenciales que impiden la solicitud de refugio o asilo y la protección internacional por conflictos de seguridad de distintos países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, son inconstitucionales.
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