México.- La Comisión Permanente exhortó al Ejecutivo federal a realizar un “debate integral” sobre la legalización de las drogas, tomando en cuenta los ámbitos de la educación, salud, social, así como el criminal y político.

En su petición, el órgano legislativo mencionó la declaración del Ejecutivo federal sobre la necesidad de entrar al debate de la legalización de las drogas, lo cual es una obligación y un derecho.

En este debate deben contemplarse temas como la inclusión social y no la exclusión, así como un aumento en los recursos destinados a la prevención del consumo, aseguró la instancia del Congreso de la Unión.

Al hablar a favor del dictamen, los senadores del PT, Ricardo Monreal, y del PRD, Silvano Aureoles, afirmaron que en estos momentos, con el país convulsionado por la violencia, la legalización de las drogas no resuelve el problema.

Incluso, Monreal aprovechó la ocasión para informar que los líderes parlamentarios del PT no acudirán al encuentro que convocó el presidente Felipe Calderón para este jueves, en el marco de los Diálogos para la Seguridad.

En el dictamen, la Comisión Permanente afirmó que “un número creciente de voces, en nuestro país y a nivel internacional, están llamando a que se discuta la legalización de las drogas” y los argumentos “son el fracaso en el largo plazo de la guerra contra las mismas”.

Precisó que según el Banco Mundial, México gasta 9 mil millones de dólares en el combate al narcotráfico, sin contar el costo de la manutención de los presos condenados por delitos contra la salud.

Además, ese estudio coincide en que la política de prohibición se ha traducido en un problema de seguridad pública, de corrupción y de salud pública, subrayó la instancia del Congreso de la Unión.

“En México 9.5 de cada 10 pesos utilizados en la guerra contra el narco se destinan al combate contra el crimen organizado y únicamente el 0.5 se utiliza en campañas y estrategias contra las adicciones”, añadió.

El órgano legislativo sostuvo que se debe prever la posibilidad de construir un modelo de regulación del mercado de las drogas basado en criterios de salud pública.