Nuevo León.- La Suprema Corte de Justicia dio entrada a una controversia constitucional interpuesta por el Congreso local contra el Ejecutivo estatal por no publicar reformas a la Ley de la Fiscalía General de Justicia, donde se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) se convierte en Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera.

Con esa reforma, aprobada el 15 de junio por el Congreso, la UIFE deja de ser parte de la Tesorería estatal y pasa a integrarse a la Fiscalía General.

La controversia, registrada con el número 272/2022, fue admitida a trámite el lunes por los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, integrantes de la Comisión de Receso de la Corte.

Ese recurso legal es el primero que el Congreso local presenta directamente contra el Gobernador Samuel García por no publicar decretos.

A la fecha, por ese motivo hay procesos abiertos a nivel local contra el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro; la ex titular del Periódico Oficial, Verónica Dávila, y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Juan Isidoro Luna, los dos últimos ya vinculados a proceso.

En el resolutivo de los ministros se establece que Mauro Guerra, como presidente del Congreso local, promueve la controversia contra el Ejecutivo.

“ (Argumenta que la) omisión se reclama derivado de que dicho Decreto no fue observado (vetado) por el Gobernador”, se explica, “Lo cual genera que, no obstante que la Constitución local prevea que ante dicha omisión se considerará como sancionado, a la fecha no ha sido publicado, paralizando así el proceso legislativo, lo cual redunda en una violación al principio constitucional de división de poderes. 

“ …Se tiene como compareciente al promovente mencionado con anterioridad con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer”. 

También se admitió el reconocer como tercero interesado a la Fiscalía General de Justicia, en la que Pedro Arce está como encargado del Despacho.