Ciudad de México.- La Corte confirmó hoy que son notoriamente improcedentes los amparos promovidos por senadores de oposición para impugnar el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aprobado por la mayoría morenista en el Senado en noviembre de 2019.

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el desechamiento de uno de estos amparos, presentado por el senador panista Mauricio Kuri González y otros legisladores.

La designación de Piedra estuvo plagada de irregularidades, según sus críticos.

Entre ellas, que la activista estaba impedida por haber sido consejera nacional de Morena desde 2015, y que los 76 votos que obtuvo en el Senado no debieron ser suficientes para reunir las dos terceras partes necesarias, porque hubo 116 boletas emitidas.

Sin embargo, la Corte consideró que el nombramiento de la titular de la CNDH no causó un agravio personal a los senadores, por lo que no tienen legitimación para impugnarlo por este medio.

Dos participantes en el proceso de nombramiento para la CNDH, Héctor Galindo Gochicoa y Adrián Franco Zevada, también promovieron amparos que fueron desechados por los jueces respectivos, pero con el argumento de que el nombramiento en la CNDH es una facultad soberana del Senado, no revisable por el Poder Judicial.

En lo que respecta a estos amparos, todavía está pendiente que la Corte resuelva si pueden ser admitidos, ya que la situación jurídica de Galindo y Franco ante el proceso de nombramiento es distinta a la de los senadores, y podría ser posible que se les reconozca legitimación.

Si la Corte hubiera revocado el desechamiento, el amparo de Kuri hubiera regresado al Juzgado de Distrito, para iniciar el trámite del juicio respectivo, y el escenario será el mismo con las demandas de los contendientes de Piedra.

Tradicionalmente, la Corte ha considerado que los ciudadanos no pueden cuestionar este tipo de nombramientos por medio de amparos, pero hay casos recientes en los que jueces sí han admitido amparos, entre ellos los que han impugnado el proceso para designar al nuevo Procurador de la Defensa del Contribuyente, que ha estado suspendido desde mediados de 2020.