Buenos Aires.- En el ojo de la tormenta por casos insostenibles de corrupción, que comprometen no sólo al presidente Javier Milei y su hermana Karina, sino a una cantidad cada vez mayor de funcionarios, lo que ya es inocultable en los medios de comunicación afines, el gobierno recibió un nuevo golpe ante el anuncio de que la justicia suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la reforma laboral que impulsó el oficialismo, en respuesta a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) frenando así una parte importante de la ley de modernización laboral aprobada en febrero pasado.

El juzgado del trabajo advirtió que varios artículos de la reforma laboral significan una posible “afectación de derechos constitucionales”, y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores, y ordenó suspenderlos hasta que se dicte sentencia definitiva.

Los dirigentes sindicales observaron que la decisión tiene una importancia especial ya que en el caso de aplicarse las normas establecidas en la ley, podría producirse una ruptura en los derechos laborales adquiridos.

Además la medida judicial sostiene que la CGT “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados” vinculados a los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”.

No es la única medida cautelar que se presenta ante la justicia, ya que figura una solicitud del Colegio de Abogados y otras entidades basadas en fundamentos difíciles de eludir para muchos de los jueces del llamado Partido Judicial, que desde el gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2007-2015) surgió de la infiltración de las estructuras judiciales locales, con el apoyo de la embajada de Estados Unidos aquí.

También se preparan aceleradamente presentaciones ante la justicia por la decisión de Milei, que al acompañar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán involucra a la Argentina en un conflicto bélico, ajeno a la voluntad popular de este país.

Esto sucede cuando el gobierno de Milei impidió a 99 por ciento de representantes de organismos políticos, sociales y personalidades presentarse ante la Cámara de Diputados, para argumentar sobre la violación de la soberanía nacional, que supone la imposición de la llamada ley de glaciares, que deja en manos de empresas estadunidense y otras extranjeras el control del agua potable que debía abastecer al país en el futuro y permite la entrada de empresas mineras extranjeras que podrían convertir en desiertos zonas riquísimas en el sur del país.

También significa la “desaparición forzada” de comunidades indígenas a las que ya les han arrebatado los derechos logrados en una larga lucha de sobrevivencia en sus territorios, no sólo en la Patagonia, sino en todas las zonas cordilleranas, donde se persigue a mapuches y otras etnias, a las que el Ministerio de Seguridad califica como “terroristas”.

En medio de esta situación y la crisis social, que ya supera en estas horas a la que desencadenó la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001, cuando el país se desmoronó económicamente, y se produjo la renuncia y huida de la Casa Rosada del entonces presidente Fernando de la Rúa, Milei ha firmado acuerdos con Israel para “fortalecer” supuestamente “sus lazos estratégicos” que además de abarcar cooperación o “sumisión” en temas como seguridad y defensa, son gravísimos para la soberanía y la independencia nacional.

Entre estos acuerdos, que ya habían sido firmados por el presidente argentino y el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu en junio pasado para la instalación como residentes de 200 mil colonos de Israel, que ahora aumentó a 300 mil; una buena parte ya están aquí, para ser instalados en La Patagonia.

En los acuerdos se declara que los ciudadanos israelíes serán automáticamente ciudadanos argentinos y accederán a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, sumando aportes de ambos países. También al compartir la declaración de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, sin consulta popular, ni al Congreso, el gobierno involucró al país en un “conflicto bélico” violando la norma constitucional de neutralidad.

La entrega del país

Esto no es lo más grave de los sucesos escalonados en estas horas ya que una cantidad de organizaciones políticas, sociales y humanitarias denuncian la tragedia que significa la “entrega definitiva del archipiélago de las Islas Malvinas y el mar territorial argentina a su ocupante colonial desde 1833, que es Gran Bretaña.

El viernes pasado, Reino Unido confirmó que las empresas Navitas Petroleum Israelí y Rockhopper Exploration, comenzaron la fase de explotación de petróleo, que se extraerá de la plataforma marítima que rodea a las islas argentinas.

Ambas empresas explotarán el yacimiento petrolífero Sea Lion a partir de 2028, bajo licencias otorgadas por el gobierno colonial, ignorando sistemáticamente los derechos de la legislación argentina.

Se prevé una producción estimada de 55 mil barriles diarios y se determinó que desembolsarán mil 800 millones de dólares, a lo que se agregarían cuatro mil millones más para completar el desarrollo y la “licencia” que en realidad es ilegal, violatoria del derecho argentino y de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, intermediaria para resolver el fin de esta ocupación colonial.

La “licencia” de explotación se extenderá por 35 años sin que la cancillería argentina haya objetado absolutamente nada. “El gobierno nacional opta por la capitulación en el marco de una gestión de Javier Milei que hizo del alineamiento con Israel y el Reino Unido una política de Estado”, señalan medios locales.

Información de La Jornada.