Ciudad de México.- La Contraloría General de la Ciudad de México suspendió de forma indefinida a tres funcionarios de la Alcaldía Coyoacán por cierre de locales en Plaza Oasis, que presuntamente se realizó en incumplimiento de la ley.

Aunque la dependencia no reveló los nombres y cargos oficialmente, fuentes gubernamentales señalaron que se trata del director Jurídico; la subdirectora de Procesos Jurídicos y la jefa de unidad departamental de Calificación de Infracciones a Obras y Establecimientos Mercantiles.

La Contraloría precisó que la suspensión temporal se determinó por el incumplimiento normativo previsto en el Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

En particular tras haber suspendido locales comerciales, presuntamente sin motivos, de un centro comercial en la Alcaldía.

“ Lo anterior, derivado de la investigación realizada por el Órgano Interno de Control en la demarcación, respecto a la orden de Visita de Verificación ejecutada por personal de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos a diversos locales comerciales ubicados en la Plaza Comercial Oasis.

Asegura Coyoacán que suspensión de funcionarios es desproporcionada La Alcaldía Coyoacán aseguró que la suspensión de funcionarios que determinó la Contraloría General de la Ciudad de México es desproporcionada.

Es respuesta a la sanción de tres funcionarios, la Alcaldía Coyoacán indicó haber realizado la suspensión de tres establecimientos mercantiles que afirmó, no acreditaron documentalmente su legal funcionamiento al momento de visita.

Señaló que la ley prevé que la plaza comercial debe contar con la autorización de uso y ocupación de la obra y sus establecimientos mercantiles deben contar con el aviso o permiso de funcionamiento y su programa interno de protección civil según sea el caso, y que esos documentos no fueron exhibidos por parte de los establecimientos, lo que motivó la imposición de medidas de seguridad.

Y añadió que una de las observaciones a las que se da seguimiento en la Plaza Oasis es a la operación de giros comerciales diversos en un sótano, el cual se manifestó ante la autoridad que sería sólo estacionamiento y no establecimientos mercantiles.

Además, consideró que la sanción de la Contraloría fue desproporcionada y afirmó que la notificación que recibieron fue por faltas no graves, distinto a lo que indicó la Contraloría.

“ El oficio de suspensión notificado a los tres funcionarios públicos de la demarcación es totalmente distinto a los argumentos que se entregaron a los medios de comunicación por parte de la Contraloría, lo cual viola la presunción de inocencia y los derechos humanos y garantías de los propios servidores públicos señalados.

“ La medida cautelar impuesta a los servidores públicos no es idónea ni proporcional a la supuesta conducta que señala el Órgano Interno de Control (OIC), porque no es derivada de un acto que la ley considere como una falta administrativa grave”, indicó.