México, DF.- La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada -que agrupa a distintas organizaciones civiles- presentó el lunes pasado una propuesta de la ley general contra la desaparición forzada, ante la inminente elaboración de dicho marco legal, luego de que se aprobara la reforma constitucional al Artículo 73, que facultó al Poder Legislativo a expedir leyes generales en la materia.

Zita Loyo, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, alertó en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que el próximo 1 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto presente una propuesta bajo la modalidad de iniciativa preferente, lo que limitaría el tiempo para su revisión y análisis por el Congreso de la Unión.

Señaló también que a la fecha no se conoce el contenido exacto de la iniciativa gubernamental, y sólo se sabe de los foros y una consulta electrónica anunciados por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián. El pasado 21 de agosto, el presidente Peña Nieto adelantó que muy pronto enviaría al Legislativo una iniciativa de ley en la materia, sin descartar que pudiera ser una iniciativa preferente. Las organizaciones de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México han dicho que no aceptarán ninguna iniciativa del Ejecutivo que sea presentada como preferente ante el riesgo de que se trate de una iniciativa de ley “a modo”, que no contribuya a la investigación ni mucho menos a la erradicación de las desapariciones forzadas en el país.

Actualmente sobre la mesa de discusión están las iniciativas de ley propuestas por los tres principales partidos políticos -PRI, PAN y PRD- a las que se sumaría la del Ejecutivo federal, refirió Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo y también presente en la conferencia.

INICIATIVA

En este contexto, las organizaciones integrantes de la Campaña elaboraron una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, a partir del análisis de las propuestas de ley que se han hecho antes, de foros de discusión con expertos, observaciones de familiares de desaparecidos y de recomendaciones de organismos internacionales como el Comité sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.

El abogado Sandino Rivero, de la organización Defensa Estratégica en Derechos Humanos y quien lleva el caso de la desa-parición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, destacó también que la iniciativa reconoce la realidad del país al abarcar no sólo la de-saparición forzada sino también aquella cometida por agentes distintos al Estado, y que reconoce la desaparición no sólo como un delito, sino como una violación a múltiples derechos como a la vida, la integridad y la personalidad jurídica.

El caso Rosendo Radilla

Recientemente se cumplieron 41 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, un campesino que mientras se dirigía en autobús hacia Chilpancingo, fue detenido en un retén militar en un poblado cercano a Atoyac de Álvarez, bajo la acusación de que “componía corridos” sobre luchas sociales. Rosendo fue detenido ilegalmente y trasladado al cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en donde estuvo varias semanas, y en donde fue visto con los ojos vendados y huellas de maltrato por última vez. Lo que distingue este caso es la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla, declarada el 23 de noviembre de 2009.

Este caso se vuelve aún más importante debido a terribles atentados en contra de los derechos humanos que ha padecido la sociedad mexicana en los últimos 2 años, como los ocurridos contra los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (27/09/2014), Guerrero; la ejecución, por parte del ejército de por lo menos 15 de los 22 muertos en Tlatlaya (30/06/2014), Estado de México; o lo ocurrido en Tanhuato (22/05/2015), Michoacán. Violaciones tan flagrantes a los derechos humanos cometidas por instituciones del Estado, dan hoy, a 41 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, a 5 años y 8 meses de la sentencia de la CIDH un cariz especial a este caso, y nos obliga a revisar el grado en el cumplimiento de la sentencia que da un precedente, no sólo a las víctimas de desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, sino a todas las víctimas afectadas por violaciones flagrantes a sus derechos humanos por parte del Ejército.

Explora Cruz Roja drama mexicano

El Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR, por sus siglas en inglés) difundió un video con la historia de Soledad Toledo Alonso, una mujer mexicana cuyo hermano desapareció hace varios años; él dejó su pueblo (no se dice cuál) para buscar trabajo en los Estados Unidos, pero fue secuestrado y su familia no sabe nada de él desde entonces.

“En medio de la confusión emocional, Soledad ha encontrado consuelo en una amistad con Gudelia, quien ha perdido a su marido. Se conocieron en un grupo de apoyo del CICR y juntas se han embarcado en un viaje, decididas a averiguar qué le ha ocurrido a sus seres queridos”, dice el video.

Rara es la ocasión en la que esta organización internacional sin fines de lucro emite una comunicación pública sobre su trabajo en México.

“Si alguien ha desaparecido durante la guerra, o al migrar, o a consecuencia de un desastre, el sufrimiento de las familias no termina”, dijo Marianne Pecassou, quien dirige el equipo sobre desaparecidos del CICR.

“Para algunas familias nunca puede haber una respuesta definitiva”, lamentó, mientras tanto, los seres queridos del desaparecido tienen una amplia gama de necesidades de apoyo. Subrayó que con demasiada frecuencia, sobre todo en situaciones de conflicto, el problema de los desa-parecidos no se encuentra entre las prioridades de los gobiernos y otros actores. Pecassou consideró que se necesita hacer más para hacer frente a las necesidades prácticas y emocionales de las familias. (Agencias)

fb