Ciudad de México.- A un mes de que se cumplan ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, este tipo de crímenes se siguen presentando con regularidad en el país, sin embargo, contrario a lo sucedido en los dos gobiernos previos, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador la tendencia con la que se cometen ha ido en descenso.

De acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el de López Obrador es el gobierno que más víctimas de desaparición forzada ha reportado en los primeros dos años, pero opuesto a lo que sucedió entre 2006 y 2018, no ha habido un repunte en las cifras.

La CNB detalla que en los primeros dos años al frente del gobierno de Felipe Calderón (2008) y los dos primeros de Enrique Peña Nieto (2014), dichas administraciones sumaban “apenas” mil 951 y nueve mil 596 desapariciones forzadas, respectivamente, mientras que de 2019 a 2021 hubo al menos 17 mil 792 registradas oficialmente.

La comparación de datos brutos entre las tres administraciones es abrumadoramente negativa para el gobierno del tabasqueño, no obstante, a poco menos de año y medio de que concluya su mandato, su administración se ha mantenido prácticamente en los mismos números con los que se le entregó e, incluso, muestra una ligera disminución en la tendencia de la comisión de este delito entre 2019 y 2021, al pasar de nueve mil 179 a siete mil 675.

Andrés Manuel López Obrador recibió en 2018 la banda presidencial de manos de Peña Nieto y sin poder hacer mucho durante diciembre para revertir los registros de desaparición forzada, dicho año concluyó con siete mil 583 víctimas oficiales de este delito, un 1.2 por ciento menor con las que concluyó 2021, la cifra más baja de su gobierno.

En contraste, la administración de Felipe Calderón recibió al país con un registro de 253 personas desaparecidas en 2006, último año de la era de su copartidario Vicente Fox, pero para el término de su administración esta cifra se disparó hasta las cuatro mil 148; un aumento del 94 por ciento en apenas seis años.

Con Enrique Peña Nieto la situación fue similar, aunque en los tres primeros años de su gobierno el del Estado de México logró contener la problemática, los registros de víctimas pasaron de cuatro mil 148 a siete mil 583; un 46 por ciento más entre 2012 y 2018.

En abril de este año, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) presentó su informe sobre la desaparición forzada en el país luego de una visita hecha entre el 15 y 26 de noviembre de 2021 para estudiar la situación en la que se encuentra el país.

Ahí, además de reportar que México superó las 100 mil desapariciones forzadas de manera oficial, tal y como lo han señalado organizaciones de la sociedad civil, concluyó que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, conocida como la “Guerra contra el narco”, disparó las cifras de este crimen en todo el territorio nacional.

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De este modo, si en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones se caracterizaron por ser principalmente mecanismos de represión política cometidas por agentes del Gobierno y las fuerzas armadas cuyas víctimas eran mayoritariamente grupos sociales de oposición, a partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas”, apunta el documento.

Sin embargo, acota en decir que a pesar de que el crimen organizado continúa siendo el principal perpetrador de este crimen, hay indicios que apuntan a que las desapariciones forzadas también son cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal.

Ejemplo de ello es la reciente vinculación a proceso de siete policías municipales de La Barca, en Jalisco, a inicios de agosto. Ellos son acusados de desaparecer a dos hombres y una mujer en agosto de 2021, presuntamente involucrados en una riña y de quienes hasta la fecha se desconoce su paradero pese a que los elementos aseguran haberlos liberado.

Al respecto el CED lamentó en su informe que la impunidad de estos casos se mantenga en niveles que rozan lo absoluto, pues de acuerdo con los datos otorgados por el gobierno a la representación de las Naciones Unidas en noviembre pasado, apenas entre el dos y el seis por ciento de los 95 mil casos -hasta entonces- habían sido judicializados y sólo se habían emitido 36 sentencias a nivel nacional.

Por ello, aunque hay aparentes avances en la materia y la CED reconoció la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda para dar una respuesta a la problemática, ésta lamento que la impunidad en México todavía es “un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.