México, DF.- Los sistemas de justicia criminal y civil de México, así como la capacidad del Estado para proporcionar orden y seguridad a sus habitantes, están entre los peores del mundo.

Lo anterior, de acuerdo con el Índice sobre Aplicación de la Ley 2012, publicado el 28 de noviembre por el Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés), una organización multinacional patrocinada por decenas de empresas y asociaciones estadounidenses entre las que destaca la Fundación Bill y Melinda Gates.

De los 97 países investigados, México ocupa el lugar 91 en impartición de justicia penal, el 91 en orden y seguridad y el 87 en sistema de justicia civil, por debajo de naciones en peores condiciones económicas, como Tanzania, Senegal, Sri Lanka, Etiopía, Malawi y Sierra Leona.

Entre 18 países de América Latina sólo Venezuela salió peor calificada en estos rubros, mientras que Chile y Uruguay obtuvieron los mejores resultados, aunque cabe aclarar que en el caso de México, no se distingue entre la justicia federal y los 32 sistemas estatales.

El estudio también evalúa el tema de la corrupción. En esta materia el escenario no fue más halagador, pues México ocupó el lugar 74 del índice, aunque en este caso se ubicó por encima de cuatro naciones latinoamericanas.

“El sistema de justicia criminal está en el lugar 91 principalmente por debilidades en los sistemas de investigación y adjudicación, discriminación rampante contra grupos vulnerables, corrupción entre jueces y procuradurías y violación de los derechos de debido proceso de los acusados”, explica el informe.

“La corrupción es un problema serio en todas las ramas del Gobierno, y las fuerzas de seguridad batallan para garantizar la seguridad de los ciudadanos contra el crimen y la violencia”, agrega, “y también causa preocupación el fracaso recurrente para perseguir a funcionarios responsables de actos de corrupción”.

Los países mejor calificados en estos rubros fueron Noruega, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Suecia, Japón y Austria, entre otros.

En los cuatro factores restantes comprendidos en el Índice, el país sólo pudo colarse a mitad del grupo en uno: Gobierno abierto, que refleja temas como transparencia y acceso a la información, en el que ocupó el lugar 37.

En límites al poder del Gobierno se colocó en el número 50; en aplicación de políticas regulatorias y procedimientos administrativos, en el 56, y en derechos fundamentales, en el 60.

El índice fue elaborado mediante cuestionarios a por lo menos 300 especialistas de cada país, que se suman a encuestas entre el público en general y se balancean con reportes y datos de organismos internacionales