Ciudad de México.- Sólo un militar de los siete acusados por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, señalaron organizaciones no gubernamentales, el miércoles.

Al respecto, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que Tlatlaya “es una de las violaciones graves de derechos humanos de nuestro México contemporáneo, estamos hablando de una masacre encubierta por autoridades federales y estatales, el 30 de junio de 2014 hay un primer enfrentamiento entre militares y civiles, se rinden el mayor número de civiles y ya estando a disposición del Ejército, proceden a ejecutarlos”.

Los hechos ocurrieron en “una bodega, en la madrugada, entendemos que hay un patrullaje militar, se da en breves minutos un enfrentamiento, se rinden los civiles, y posteriormente los proceden a ejecutar, hay tres mujeres en la bodega, que son las víctimas sobrevivientes”, explicó en entrevista para Aristegui CNN.

“Una de ellas (Clara) declara y da a conocer la verdad de lo sucedido que es distante a la verdad oficial. Ese mismo día, 30 de junio de 2014, la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitió un comunicado en donde refiere que abatieron a 22 civiles, repeliendo una agresión”, expuso.

En días posteriores, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, “hace un reconocimiento a la labor heroica del Ejército por los hechos, y con posterioridad el propio procurador del Estado de México, una vez que la revista Esquire y Associated Press sacan el reportaje con el testimonio de una de las víctimas sobrevivientes, vuelven a negar los hechos de que estemos frente a una ejecución extrajudicial”.

Pero “la Comisión de Derechos Humanos, en octubre de 2014, emite la recomendación, establece que por lo menos de 12 a 15 personas fueron ejecutadas”.

Como consecuencia de la recomendación, la Procuraduría General de la República “hace su primera consignación, acusando a siete militares, de los cuales, a tres los acusa del homicidio de ocho personas. Hay una discrepancia clara (con la CNDH)”.

Recordó que “el Centro Prodh representa a una de las víctimas sobrevivientes, a Clara Gómez González, no se le reconoce la calidad de víctima, ella recurre al juicio de amparo, y es a través del juicio de amparo que por primera vez tenemos acceso al documento que dimos a conocer en nuestro informe: Tlatlaya un año, la orden fue abatir, que es la orden general de operación, en donde en la orden número siete se envía a los militares a actuar en horas de oscuridad, para abatir delincuentes. Esa es la frase, por eso nosotros decimos que en Tlatlaya, la orden fue abatir, y se tiene que investigar la responsabilidad institucional y la responsabilidad por cadena de mando”.

Comentó que “han pasado más de nueve meses que solicitamos a la PGR que se investigara y hasta el día de hoy no hay ni un sólo militar comparecido a declarar, ni siquiera en calidad de testigo, no sólo eso, sino que damos a conocer junto con organizaciones de la sociedad civil que el fuero militar absolvió a seis de los siete militares en la investigación de delitos contra la disciplina militar, es una resolución muy importante”.

Debido a que “en noviembre de 2014 se acota el fuero militar para que violaciones a derechos humanos donde estuvieran involucrados civiles, no fueran conocidas por el fuero militar, sino por el ordinario civil, sobre todo por la independencia y la imparcialidad en las investigaciones”.

La PGR ha informado que Clara debe ratificar lo que ha declarado, sobre ello Patrón señaló que “jurídicamente eso es falso”.

“No tendría por qué ir a ratificar, la PGR está investigando delitos graves, que son consecuencia de una recomendación por violaciones graves de derechos humanos”, apuntó. Ella ha “declarado tres veces en total“.

Denunció que “hasta la fecha no hemos tenido acceso a las órdenes de cumplimiento (militar), las cuales la Sedena, claramente al aceptar las medidas cautelares, debe de asegurar que estas órdenes no se vuelvan a repetir”.

“La respuesta oficial del gobierno primero fue que abatir no era matar, el significado. Nosotros nunca dijimos que era sinónimo, lo que dijimos es que en la disciplina y operación castrense, abatir se asemeja a privar de la vida, muestra clara es que el propio boletín oficial soobre los mismos hechos, muestra la palabra abatir”, indicó.

La segunda respuesta fue de Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, quien dijo que había sido “un error de transcripción”.

La tercera respuesta, recordó Patrón, “del gobierno Federal ha sido bajo la omisión de la PGR”.

Por su parte Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, aseveró que “cuando fue reformado el fuero militar, muchas organizaciones señalamos que era un avance importante en la medida en la que restringía los alcances de esta jurisdicción, gracias a esa reforma es que Clara puede declarar ante una instancia civil y no ante una instancia militar”.

Sin embargo, “muchas de las organizaciones que emitimos un boletín, señalamos que era una reforma incompleta, que generaba el riesgo de que se pudieran conducir investigaciones y juicios paralelos sobre unos mismos hechos, lo que podría generar que se arribara a conclusiones contradictorias, pensamos que es lo que puede pasar en el caso Tlatlaya”.

Porque “al absolver el juez militar a los soldados, y considerar que no cometieron ninguna infracción a deberes militares, el juez llega a decir que los soldados únicamente actuaron repeliendo una agresión, es un pronunciamiento jurídico sobre el fondo de los hechos… genera la posibilidad de que los militares que están siendo juzgados por los homicidios en la justicia civil, puedan utilizar esta resolución como un elemento de su defensa”.

“Sólo con investigaciones exhaustivas se puede revertir la crisis de derechos humanos que hay en México”, finalizó.

Con información de Aristegui Noticias.

CH