Múzquiz, Coah.- Denuncian a la alcaldesa de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra, por el delito de pravaricación administrativa, ejercicio ilegal del propio derecho  y despojo, cometidos en perjuicio de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz y su presidente del consejo, Apolinar Guajardo Falcón, en ampliación de denuncia ya existente en contra de ganaderos asociados, por despojo y fraude por doble venta.

Así lo dio a conocer este lunes, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, afirmando en la denuncia que los denunciados han intentado por diversas vías despojar a los ganaderos de las instalaciones propiedad de la unión que Apolinar Guajardo, representa, debido a un supuesto contrato de compraventa el cual es fraudulento y del cual no tienen suficientes elementos, tal y como se ha comprobado con la documentación correspondiente.

La denuncia contra la alcaldesa de Múzquiz, se desprende cuando el actuario identificado como Angélica María Aguilar Cuéllar, se apersonó en la asociación ganadera local a practicar una diligencia, en donde estaban los ganaderos asociados y la presidenta municipal ordenó con fundamento en el referido acuerdo de 5 de mayo 2023, que los elementos de seguridad pública se apersonaran en el lugar con la orden de romper candados y tomar por la fuerza pública las instalaciones del bien inmueble despojando a la AGL que representó del referido inmueble.

Sobre la denuncia de despojo, ejercicio ilegal del propio derecho y prevaricación administrativa quedó constancia en el acxta levantada por el actuario en la referida diligencia y con ella el representante jurídico de los ganaderos asociados y los que solicitaron la diligencia.

Por esta razón se amplía la denuncia a la C. presidenta del municipio de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra, quien injustificadamente emitió una orden a los elementos de Seguridad Pública que rompieran los candados en las instalaciones del bien inmueble en disputa, para efecto de que los aquí denunciados entraran en posesión del mismo, desobedeciendo a la autoridad jurisdiccional y obstaculizando una correcta administración de justicia por lo que se actualiza en la conducta antijurídica del tipo penal identificado como prevaricación administrativa.