Berlín, Al.- El informe sobre la tortura dado a conocer esta mañana por el relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, es contundente: en México esa práctica es generalizada y utilizada como un instrumento cotidiano por parte de las fuerzas de seguridad del país de todos los niveles, así como por autoridades ministeriales, para arrancar confesiones y castigar a detenidos.

Golpes, toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias y presiones psicológicas son algunas de sus manifestaciones.

El documento fue presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es resultado de la visita que Méndez, reconocido abogado y otrora defensor de presos políticos en su natal Argentina, realizó a México del 21 de abril al 2 de mayo del año pasado, con la finalidad de conocer la situación de tortura en el país.

El informe también destaca el aumento de las denuncias por el abuso de la fuerza pública en contra de defensores de derechos humanos y periodistas, así como el nulo derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de tortura y malos tratos.

Organizaciones no gubernamentales con sede en Ginebra que de manera constante siguen el caso de México, como la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), expresaron su preocupación por el permanente deterioro de los derechos humanos en México, donde la situación se ha deteriorado desde hace mucho tiempo a raíz de las desapariciones, tortura, acceso a la justicia, ataques a defensores de derechos humanos, etcétera.

En el caso específico de la tortura, la situación viene de mucho antes y el Estado mexicano se ha negado a tomar decisiones para acabar con esa situación. “Me parece que lo que hoy se vive es sólo consecuencia de la negligencia del Estado mexicano de tomar las medidas que debió tomar desde hace mucho tiempo”, puntualiza Ramón Muñoz Castro, director de la RIDH.

En entrevista telefónica con Apro, el jurista colombiano señaló que las recientes llamadas de atención que Naciones Unidas ha hecho a México en materia de derechos humanos, incluida esta última, tendrían que ser tomadas en cuenta por el Estado para reconocer que tiene una crisis, “hacer un mea culpa” y, en consecuencia, mirar qué es lo que ha fallado y trabajar en ello.

Pero lejos de ello, lamenta, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha emprendido una estrategia diplomática de negación de la situación y una defensa férrea del país, que lejos de contribuir a resolver los problemas los agrava.

“El regaño del relator es muy fuerte y muy crítico al señalar que existe una situación de tortura generalizada. Conociendo a la diplomacia mexicana, ya preveo que los diplomáticos acá se van a defender con mucha vehemencia porque les da mucha vergüenza verse equiparados a otros estados donde esta situación es igual de grave.

“Y es una reacción que a mí me sorprende, porque es negar lo que está pasando. Por ejemplo, el embajador mexicano en Ginebra dice que esto no es generalizado, que no podemos igualar a México con Siria o con países africanos o con otros estados, porque el Estado mexicano sí ha colaborado con Naciones Unidas y ha creado instituciones y ha hecho reformas y cada país es diferente con su propio proceso histórico. Pero mientras tanto, la pregunta es: ¿qué pasa con las víctimas, con los desaparecidos, con los torturados, con la gente que no accede a la justicia, con las mujeres asesinadas?”, pregunta.

Para Muñoz Castro, en el caso de México lo que existe es una gran negligencia del Estado, acompañada de medidas cosméticas que implican la reforma de leyes, pero no su implementación.

–¿Cómo tendría que reaccionar el Estado mexicano? –se le pregunta.

–En vez de hacer este ejercicio de contención de parte de la diplomacia mexicana, en el que vienen a defender al país, tendrían que hacer un mea culpa que implica reconocer la crisis que existe, tomar las medidas necesarias y asegurarse que sean efectivas. Porque sobre el papel todo es posible, pero en la realidad hemos visto que en el caso mexicano es poco lo que es posible por los fenómenos de corrupción y de complicidad. Y ahora mismo el Estado mexicano es muy duro porque se atrinchera detrás de una posición defensiva y eso no va a producir ningún bien –responde el jurista.

Y sí. Luego de la presentación del duro informe, el representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Jorge Lomónaco, fue contundente al señalar que México no comparte el dicho de que la tortura en el país es generalizada.

“México identifica una serie de retos que debe atender a fin de asegurar la erradicación por completo de esta práctica. No obstante, deseamos reiterar ante este Consejo que no podemos compartir una aseveración como la que propone el relator en el sentido de que la tortura es una ‘práctica generalizada’ en el país, ya que no corresponde con la realidad, ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica una cultura de respeto a los derechos humanos, los que por cierto han sido acompañados en gran medida por las Naciones Unidas”.

Lomónaco aseguró que luego de la visita del relator especial se presentaron nuevos avances, y mencionó el envío por parte del Ejecutivo, el pasado 2 de diciembre, de una iniciativa de ley que faculta al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, “con lo que se logrará avanzar en la homologación del delito a nivel nacional conforme a estándares internacionales”.

Destacó además la publicación, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, a fin de guiar la acción de los jueces para la adecuada sanción de estas prácticas.

bs