Ciudad de México.- Samuel corre despavorido. Un sicario apunta a su nuca.

Los gritos del veinteañero resuenan por un callejón de terracería que se ha vuelto su única ruta de escape. Con alaridos, suplica que alguien abra la puerta de una casa para esconderse, pero es como si nadie estuviera en la colonia aunque son las 10 de la mañana. Se sabe abandonado a su suerte, así que su última esperanza está en dar grandes zancadas y desbocarse en zigzag hasta salir de la mira de una escuadra 9 milímetros que empuña un matón de su misma edad.

Las posibilidades de que sobreviva son pocas: él desciende por una estrecho camino de muros rosas y azules de casas precarias y el sicario está en lo alto de la pendiente acompañado por dos cómplices más, viéndole la espalda. Unos minutos antes, esos tres pistoleros entraron a la tortillería Los Mangos en la zona alta de la colonia La Laja, una de las franjas más pobres y peligrosas de Acapulco, y rafaguearon por dentro. Rodolfo, el único compañero de trabajo de Samuel, también pudo salir del local, pero cuando huyó hacia la azotea un disparo le atravesó la espalda y lo hizo caer muerto desde el primer piso hasta la entrada del negocio

Por este camino, Samuel emprendió la huida. Sus vecinos y clientes lo abandonaron a su suerte. (Imagen por Daniel Ojeda/VICE News)

Y ahora Samuel es el siguiente blanco. El sicario dispara contra su víctima pero las balas no alcanzan su cuerpo. Si el vendedor de tortillas quiere aumentar sus posibilidades de vivir, necesita jadear 150 metros más hasta la calle Sección Regional, la pavimentada, y girar a la izquierda para perderse en algún callejón. Chilla. Serpentea. Resopla los 23 grados centígrados que pesan en el aire. Sólo él sabe cuánto le amartilla el corazón o si su estómago se ha convertido en un hueco que le debilita las piernas. Pero sigue hasta poner ambos pies en el asfalto y a 10 metros de que alcance la curva que le salvaría la vida… se desploma.

Una bala entra en su cráneo. Desde lo alto, a lo lejos, los sicarios miran como el chico de playera azul cielo y shorts verdes con blanco cae. No se levanta. Ni siquiera mueve las piernas. El comando huye con la seguridad de que se ha cumplido la encomienda de matar a todos los trabajadores de esa tortillería.

Pero Samuel está vivo. Apenas.

Media hora después del balazo, la policía municipal de Acapulco llega por fin a su auxilio. El agente Octavio N. recuerda al tortillero tendido boca arriba, exhalando aire caliente y sangre de la boca, balbuceando que no lo dejen morir ahí. “¡Aguanta, chavo!”, “¡Ya viene la Cruz Roja!”, “¡No te duermas!”, le piden policías municipales, estatales y federales, quienes ya han llegado para protegerlo en caso de que los sicarios se enteren que no está muerto y quieran volver. Él aguanta con dificultad la llegada de la ambulancia, pero será en vano. Horas después en un hospital público, Samuel Sotelo Jurado es declarado muerto.

“”¡Aguanta, chavo!”, “¡Ya viene la Cruz Roja!”, “¡No te duermas!”

Ese día, el 7 de enero de 2016, él se convirtió en la víctima más reciente de una guerra que los cárteles de la droga le han declarado a la industria de la tortilla en Guerrero: tres días antes de su asesinato, sicarios mataron a dos tortilleros en la colonia Cañada de los Amates de Acapulco y otro par de vendedores de tortillas fueron ejecutados, ese mismo día, en un local de la colonia Loma Bonita.

VICE News reconstruye los últimos instantes de este homicidio con el testimonio de policías que atendieron el caso de primera mano y vecinos de La Laja. Para ello, un mes y medio después del asesinato de Samuel, viajamos hasta la tortillería Los Mangos y sus alrededores para entender la saña contra los tortilleros guerrerenses. Lo que queda del multihomicidio es un local con una puerta roja que no abre desde la balacera, unos tablones viejos con manchas ocre y un pequeño monedero quemado en el mostrador.

Y miedo. Mucho miedo que envuelve como sopor caliente.

Fachada de la tortillería Los Mangos, que permanece cerrada con un monedero quemado en el mostrador. (Imagen por Daniel Ojeda/VICE News)

La fiesta de las tortillas es un funeral

En México, el maíz es más que un alimento: es identidad nacional. Y orgullo ante el extranjero.

En noviembre de 2010, la importancia de ese cultivo en la imagen de México ante el mundo hizo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declarara a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Detrás la nominación estuvieron funcionarios de primer nivel del gobierno mexicano y el poderoso Grupo Gruma — un conglomerado empresarial cuyo director es conocido como El Zar de la Tortilla —, quienes festejaron el nombramiento en las primeras planas de los diarios.

Pero a menos de seis años de ese premio, la fiesta se ha convertido en un funeral para la industria asentada en el estado sureño de Guerrero, donde 50 grupos criminales se disputan el control de la entidad, primer lugar nacional en producción de opio y bautizada por sus propios legisladores como “el epicentro del dolor nacional”.

El año que marca el inicio de esta ofensiva es 2014. En aquel entonces, Chilpancingo, la capital de Guerrero, tenía 285 tortillerías, mayoritariamente en colonias populares como la Benito Juárez y la Universal, donde también se asientan grupos criminales como Guerreros Unidos y Los Rojos.

Las bandas delictivas notaron que el modelo de venta de las tortillerías ayudaba a sus planes de expansión: los locales vendían el producto en inmuebles con vista a la calle o a través de jóvenes que se desplazan en motocicletas para ofrecer kilos de puerta en puerta. Si los cárteles de la droga controlaban esa fuerza de trabajo, podrían obtener narcotiendas, narcomenudistas y vigilantes bajo la fachada de comercios y vendedores.

Tortillería que paga “derecho de piso” a grupos criminales frente al Mercado Baltazar Leyva, en Chilpacingo, Guerrero. (Imagen por Daniel Ojeda/VICE News)

Así que en Chilpancingo, los cárteles dominantes de cada colonia comenzaron a secuestrar a dueños y empleados. Los capturan de día o de noche, en avenidas transitadas o parajes lejanos, en sus hogares o en los negocios y los retienen en casas de seguridad durante una semana, en promedio. Dependiendo de la víctima, piden entre 30.000 y 2 millones de pesos (1.700 a 113.000 dólares). Si el secuestrado paga por su libertad, se va con una advertencia de los cárteles: a partir de ahora y si lo pedimos, repartirás nuestra droga y usarás a tus vendedores como “halcones” [vigilantes de los criminales] o cerrarás tu negocio.

Lo sabe bien Abdón Abel Hernández, líder de los tortilleros en Chilpancingo, quien ya ha sido amenazado tantas veces que ha perdido la cuenta y secuestrado en una ocasión. La última vez tuvo que endeudarse con un millón de pesos para pagar a sus captores. Llegó a tener 17 tortillerías y la ofensiva del crimen le ha dejado con 11 de las 185 que aún quedan en la capital guerrerense. El 35 por ciento de la industria ha cerrado por miedo a ser los siguientes secuestrados cuyos restos son hallados en narcofosas.

“”Hoy, todavía, despierto a las 3 de la mañana y siento que van a venir por mi”.

Estuve cuatro noches, cinco días con esa gente. La familia se quedó con un quebranto económico muy fuerte. Somos pequeños empresarios y ese dinero, a la mano, no lo tenemos. Todo el crecimiento como empresario que pude tener ya se acabó”, lamenta Hernández. “Hoy, todavía, despierto a las 3 de la mañana y siento que van a venir por mi”.

El líder tortillero admite conversar en las oficinas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Chilpancingo. Abajo, dos guardaespaldas armados vigilan la entrada del edificio en la colonia Centro porque le acompaña el presidente regional de la confederación, Adrián Alarcón, empresario de la construcción de 51 años, quien también vive con la muerte soplándole al oído por defender a sus agremiados amenazados.

“Así como sucedió con la industria del transporte público, en el que ‘doblaron’ a taxistas y camioneros para convertirlos en manos y ojos del narco, hoy la industria de la tortilla está secuestrada por ellos”, asegura Alarcón. “Está completamente infiltrada: el dinero que ellos sacan de las tortillas, lo usan para comprar armamento. Los estamos financiando”.

Sólo en los primeros dos meses del año, Alarcón sabe de 35 empresarios que han sido secuestrados y extorsionados en el centro de Guerrero; gran parte de ellos — un dato que prefiere no revelar — son dueños de tortillerías o socios de algunas.

Abdón Abel Hernández (izquierda) y Adrián Alarcón en las oficinas de Coparmex Chilpancingo. (Imagen por Daniel Ojeda/VICE News)

“No por nada, una encuesta nacional — del Gabinete de Comunicación Estratégica — señaló a Chilpancingo como la peor ciudad para vivir del país. El crimen acaba con todo: inversiones, empleos, ganas de hacer familia aquí”, dice Alarcón.

“Pero si aquí la situación es crítica, deberías ir a Acapulco. Acá secuestran a los tortilleros, pero allá los están matando”.

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amg