Más de 300 personas, entre ellas 70 menores de edad, fueron rescatadas de las pésimas condiciones en las que laboraban en Coahuila

Saltillo, Coah.- “Nueve campos agrícolas, casi 3 mil hombres y 382 mujeres, laboran en condiciones que contravienen los tratados internacionales y los derechos humanos, los jornaleros reciben un salario de 100 pesos diarios y se les paga al finalizar dos o tres meses de trabajo”.

Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores jornaleros agrícolas de la Región Laguna. Año 2012.

Hace tres años, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, ahora diputado federal, advirtió de la situación en que encontraron nueve campos agrícolas en la zona de la Laguna, un escenario similar al que hace unos días se vivió en la comunidad El Higo en Ramos Arizpe, donde la agravante fue la semiesclavitud de 78 menores de edad.

Sin embargo, el común denominador es el mismo: 100 pesos diarios, pago al finalizar el contrato que puede durar meses, ninguno cuenta con contrato laboral como lo establece el artículo 282 de la Ley Federal del Trabajo.

En ese tiempo se advirtió que la falta de atención hacia los jornaleros agrícolas podría convertirlos en víctimas de la trata de personas o de cualquier otra forma de esclavitud moderna y se exhortó a las autoridades competentes a aplicar la ley para generar condiciones de trabajo, de estancia y de higiene y seguridad dignos para los jornaleros migrantes.

Sin contrato de por medio, los jornaleros eran y son, “violentados en sus derechos a un trabajo digno, a un empleo estable, un salario suficiente, contar con condiciones satisfactorias de trabajo, previsión social, libertad sindical, contratación colectiva, y protección al trabajo de menores de edad”.

En mayo de 2012, la Comisión de Derechos Humanos visitó nueve campos agrícolas donde se detectó por ejemplo que “los patrones disponen de alojamiento para los jornaleros, el cual no es el óptimo, debido a las precarias condiciones de higiene, cuestión que también afecta la salubridad de los alimentos”.

“Los trabajadores no cuentan con seguridad social, no cotizan para una Afore, ni para el Infonavit detalla el informe en mención, además de que no se realizan acciones de fomento a la alfabetización, ni promoción a la salud”.

Entre las 30 recomendaciones surgidas del diagnóstico, se exhortó a la Secretaría del Trabajo a incrementar las visitas a los centros laborales, la creación de Comités Regionales para la protección y vigilancia de los derechos de los jornaleros agrícolas, supervisar el reclutamiento y a los contratistas, realizar visitas para comprobar que se proporcione el alojamiento adecuado, y verificar que se brindara la capacitación adecuada, lo que por lo visto, no ocurrió.