Washington D.C.– Un tribunal federal de apelaciones asestó este martes un duro golpe a las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, al rechazar la suspensión temporal de un acuerdo que permite a las autoridades fiscales colaborar con las agencias de inmigración para identificar a personas indocumentadas.

El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia se negó a emitir una orden judicial preliminar contra el convenio de intercambio de datos firmado en abril pasado por los secretarios Scott Bessent (Tesoro) y Kristi Noem (Seguridad Nacional).

El mecanismo de rastreo

El acuerdo en disputa otorga facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para cruzar información con el Servicio Interno de Impuestos (IRS). Bajo este esquema:

– El ICE presenta nombres y direcciones de inmigrantes sin autorización.

– El IRS coteja estos datos con sus registros fiscales para facilitar la ubicación y posterior deportación de los individuos.

En su resolución, el juez Harry T. Edwards argumentó que es “poco probable” que la demanda del Centro de Trabajadores Unidos y otras ONG prospere, bajo la premisa de que la información compartida entre agencias no está protegida por las leyes de privacidad del IRS.

Reacciones encontradas

La administración federal celebró el fallo como un respaldo a su política de control migratorio. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, calificó la resolución como una “victoria crucial”.

” “Deportar a extranjeros ilegales hace que el pueblo estadounidense esté más seguro”, afirmó la funcionaria a través de sus redes sociales.

Por el contrario, los grupos demandantes han expresado su preocupación por el precedente que esto sienta, señalando que el uso de datos fiscales con fines punitivos podría desincentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias entre la población inmigrante. Hasta el momento, el Centro de Trabajadores Unidos no ha emitido comentarios adicionales sobre si elevarán el caso ante la Corte Suprema.