Washington, D.C. – El presidente Donald Trump insiste en su intención de desplegar a cientos de soldados de la Guardia Nacional en Oregón e Illinois, a pesar de la firme oposición de sus gobernadores demócratas. La Casa Blanca argumenta que la medida es necesaria para proteger a agentes federales, edificios y activos ante las protestas que han surgido contra las recientes redadas migratorias.

La confrontación ha llegado a los tribunales, donde cortes estatales de Oregón (Portland) e Illinois (Chicago) han frenado temporalmente el uso de la Guardia Nacional, intensificando las críticas sobre el uso político de esta fuerza militar por parte de la administración.

La Batalla Legal: ¿Tiene el Presidente la Última Palabra?

La ley federal establece que el presidente solo puede tomar el mando de la Guardia Nacional de un estado en circunstancias limitadas: invasión, riesgo de rebelión, o cuando es “incapaz de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares”. Trump afirma que estas condiciones se cumplen en ciudades que, según su narrativa, están plagadas de delincuencia y protestas migratorias.

Sin embargo, los jueces están cuestionando esta justificación. En Oregón, la jueza federal Karin Immergut bloqueó temporalmente el despliegue al argumentar que los hechos en el terreno —protestas nocturnas con pocas personas— no justificaban la ‘federalización’ de 200 soldados.

Brenner Fissell, profesor de Leyes de la Universidad Villanova, advirtió sobre las nefastas consecuencias de permitir un poder irrestricto al presidente. “Si el presidente, por su cuenta y sin posibilidad de revisión, pudiera determinar cuándo existe cualquiera de estas condiciones, entonces no habría efectivamente ninguna protección judicial contra un golpe militar en este país”, afirmó.

¿Pueden las Tropas Ser Policías? La Ley Posse Comitatus

Otro punto clave es el rol de los soldados. Generalmente, la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de militares como fuerza policial interna. Un juez federal en California ya determinó que Trump violó esta ley al enviar a la Guardia Nacional en junio pasado para sofocar protestas contra las redadas del ICE.

Las ciudades que desafían el despliegue argumentan que sus policías civiles son los cuerpos capacitados para proteger los derechos de la Primera Enmienda, realizar arrestos y controlar multitudes, no los militares.

La única gran excepción a la ley es que el presidente invoque la Ley de Insurrección, lo que le permitiría desplegar personal militar para eliminar rebeliones o imponer la ley. Expertos advierten que si Trump se vale de esta ley, “no habría frenos para la administración” y “podría militarizar completamente la ciudad si quisiera”.

Origen y Usos Históricos de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional, que tiene unos 430,000 efectivos a tiempo parcial, se define como la “principal reserva de combate del Ejército y la Fuerza Aérea”. Su control recae generalmente en los gobernadores estatales, pero puede ser “federalizada” por el presidente.

Históricamente, los presidentes han federalizado la Guardia Nacional para responder a desastres naturales, reforzar la seguridad fronteriza e incluso para apoyar misiones militares en el extranjero.

La última vez que un presidente desplegó la Guardia Nacional en contra de los deseos de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson tomó el control de la Guardia de Alabama para garantizar la marcha de los manifestantes por los derechos civiles de Selma a Montgomery.

Previamente, en 1957, el presidente Dwight D. Eisenhower federalizó la Guardia de Arkansas para permitir la integración racial en una escuela secundaria.