Los Ángeles, EE,UU.- El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una nueva y agresiva estrategia para deportar rápidamente a inmigrantes: cerrar sus expedientes judiciales en tribunales de inmigración para convertirlos en objetivos directos de arresto. Expertos y abogados advierten que esta medida está transformando las audiencias en “una trampa”.

Abogados de inmigración y activistas en estados como California, Arizona, Washington y Nueva York han reportado múltiples casos donde fiscales del gobierno estadounidense han solicitado a los jueces rescindir los casos de inmigrantes con menos de dos años en el país. Esta acción permite a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detener a estas personas a la salida de la corte.

“Este es un plan con maña. Esta administración está convirtiendo las audiencias de inmigración en una trampa”, afirmó a EFE el abogado de inmigración Alex Gálvez, expresando una preocupación compartida sobre las deportaciones expeditas que enfrentan los detenidos en estas circunstancias. “Son expulsados en pocas semanas, por mucho un mes. Tampoco tienen derecho a fianza porque ya tuvieron su oportunidad en corte”, añadió el jurista.

Casos Documentados y Reacción del Gobierno

La organización comunitaria Detention Resistance, que opera en la frontera entre California y México, reportó a CBS que a inicios de semana, al menos tres casos de migrantes fueron desestimados en el Tribunal de Inmigración de San Diego, solo para ser puestos bajo custodia de ICE minutos después.

Una escena similar fue captada en video la semana pasada en Phoenix, Arizona, donde agentes armados detuvieron a varias familias con niños tras sus audiencias programadas en la corte de inmigración local. Todos los detenidos eran solicitantes de asilo. Detenciones análogas se han registrado en tribunales migratorios de Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Nueva York. En esta última ciudad, la detención de un joven estudiante venezolano que ingresó al país en abril del año pasado ha provocado una ola de protestas.

Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), describió estas detenciones como “sin precedentes” y de “gran preocupación”.

Al ser consultado sobre estos arrestos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a EFE que “la mayoría” de los extranjeros que ingresaron por la frontera en los últimos dos años están sujetos a deportaciones aceleradas. Además, la secretaria del DHS, Kristi Noem, revirtió la política del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los inmigrantes detenidos quedar libres mientras esperaban su audiencia judicial. “El ICE ahora está cumpliendo con la ley y colocando a estos extranjeros ilegales en deportación acelerada, como siempre debió haber sido”, detalló el departamento.

Dilema para Abogados y Temor a Deportaciones en Ausencia

El plan coordinado de la Administración Trump ha puesto en un dilema a los abogados de inmigración, quienes ahora deben advertir a sus clientes sobre el riesgo de asistir a las audiencias. “La narrativa ha cambiado mucho con este gobierno; el año pasado que un fiscal decidiera cerrar el caso era una buena noticia, porque el inmigrante podía quedarse en el país sin ser deportado, pero ahora todo cambió”, explicó Gálvez.

Ante esta disyuntiva, Romo advierte que un número considerable de inmigrantes podría optar por no presentarse a sus audiencias, lo que “desafortunadamente” incrementará el número de órdenes de deportación en ausencia. “Ahora los abogados no estamos seguros a quién le van a aplicar esta táctica. Es nuestro deber informarles y dejar que ellos (los inmigrantes) tomen la decisión de asistir o no a las audiencias”, recalcó el jurista.

El DHS, por su parte, indicó que si los inmigrantes tienen una solicitud válida de asilo con temor creíble comprobado, continuarán con los procedimientos de inmigración; de lo contrario, estarán sujetos a una deportación “rápida”. Sin embargo, Gálvez opina que ICE está “usurpando el trabajo de los jueces” al decidir quién tiene una solicitud válida o no.

Esta estrategia representa un nuevo intento de la Casa Blanca para expulsar rápidamente a personas del país, en medio de la presión por cumplir la promesa de campaña del presidente Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.