Washington.- La presencia en la frontera sur de Estados Unidos de 10 mil soldados bajo el mando del Comando Norte son una amenaza y advertencia velada del presidente Donald Trump a México de que si lo decide puede ordenar al Pentágono usar la fuerza letal en esa zona contra narcoterroristas mexicanos.

La autorización que dio Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y la posibilidad que analiza de ordenar al Pentágono atacar en tierra a narcoterroristas venezolanos, muestra que el presidente estadunidense está dispuesto a violar la soberanía de otros países.

La guerra contra las drogas que perdió la DEA, Trump la retomó y se la encargó al Pentágono evocando los Poderes de Guerra que le brinda la constitución de su país para usar la fuerza bélica contra los cárteles dedicados a trasegar drogas para consumo del mercado estadunidense.

En la primera semana de octubre de este año Trump notificó (no pidió permiso) al Congreso federal de su país que el Departamento de Guerra ejecutaría, por mar, cielo y tierra, a narcoterroristas al momento de transportar narcóticos dirigidos a Estados Unidos.

“ Hemos llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza (bélica) para defendernos y defender a otros contra estos ataques que llevan a cabo las organizaciones designadas como terroristas”, se lee en la notificación que la Casa Blanca entregó al Capitolio.

El 20 de enero de 2025, tras iniciar su segundo y actual mandato presidencial, Trump firmó la orden ejecutiva con la que designó como grupos del terrorismo internacional, para el caso de México, al Cártel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al del Noreste, a la Nueva Familia Michoacana, al Cártel del Golfo y a Cárteles Unidos.

En la misma categoría fueron ubicados los grupos criminales venezolanos Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, y de La Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador.

Con los Poderes de Guerra evocados, Trump no tiene limitaciones para militarmente destruir lo que bajo su criterio categorice como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La notificación que entregó al Capitolio es clara en este sentido: “A cualquier cargamento de drogas ilícitas dirigidas a nuestro país se le considera como un ataque armado para destruir a nuestra seguridad nacional y a nuestros ciudadanos”, destaca el documento ejecutivo.

Bajo este criterio el Pentágono, vía el Comando Sur en aguas internacionales colindantes con costas de Venezuela, desde el 2 de septiembre hasta el 14 de octubre de este año había destruido cinco lanchas rápidas presuntamente cargadas con drogas y ejecutado a 27 personas a bordo de las embarcaciones etiquetadas como narcoterroristas.

Esas órdenes de Trump violan el derecho internacional pero, sobre todo, carecen de pruebas irrefutables de que los cinco navíos destruidos por el Pentágono llevaban drogas destinadas a Estados Unidos y que los 27 tripulantes asesinados pertenecían a grupos narcoterroristas.

“ La información de inteligencia confirmaba que llevaban drogas”, tajante escribió Trump en su cuenta de la red cibernética Truth Social al anunciar la eliminación de la quinta lancha rápida en aguas del Caribe.

“ Por cada una de las lanchas rápidas destruidas salvamos 25 mil vidas… las embarcaciones son veloces, pero no como los misiles”, declaró Trump a manera burla el 15 de octubre último, tras confirmar que había autorizado a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

La estrategia injerencista y unilateral de Trump respecto de la nación sudamericana es una dicotomía de los intereses de Washington.

Marco Rubio, secretario de Estado, está aferrado a causar un cambio de régimen en Venezuela. Trump abraza el objetivo de su encargado de manejar la política exterior de su gobierno y por ello autorizó a la CIA para orquestar lo que se perfila como un posible golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro.

Ya antes el Departamento de Estado y el de Justicia -que ahora se comprueba prepararon el terreno para que operara la CIA- habían anunciado la entrega de una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conlleve a la detención y proceso judicial de Nicolás Maduro, etiquetado por Trump como líder de las organizaciones narcoterroristas Cártel del Sol y Tren de Aragua.

Palabras después de haber confirmado que le dio luz verde a la CIA para operar dentro de Venezuela, Trump agregó que analizaba incluso actuar con la fuerza del Pentágono contra actividades narcoterroristas en tierra, en alusión al territorio venezolano.

Amenazas con misiles

Entre el accionar de la CIA y la guerra militarizada contra el narcotráfico hay matices y diferencias de interés político que, para el caso de México, emanan advertencias. Antes de que se hiciera pública la decisión de Trump de que la CIA opere en Venezuela para derrocar a Maduro, el mandatario no tenía empacho en decir que podría usar al Pentágono para acabar con los cárteles del narcotráfico. En 2024, durante su campaña presidencial, subrayó que estaba dispuesto a lanzar misiles dentro de México para borrar del mapa a los cárteles.

En los primeros meses de este año Trump ordenó el despliegue de soldados a lo largo de los más de tres mil 500 kilómetros de frontera con México, y el sobrevuelo de aviones militares espias y drones dentro del territorio mexicano, que la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la realidad, tuvo que admitir que se llevaron a cabo en el ámbito de la cooperación binacional.

Sobre las aguas del Golfo de México y del Pacifico buques de guerra del Pentágono han patrullado los linderos del territorio mexicano.

La militarización de la lucha contra el narcotráfico sobre las fronteras marítimas y terrestres que colindan con México y a mayor nivel la injerencia directa del Pentágono sobre el espacio aéreo mexicano, fungía como una fuerza de disuasión para los cárteles del narcotráfico.

Los intereses políticos de Estados Unidos en Venezuela son opuestos a los que tiene en México. Políticamente al gobierno de Trump le conviene más el intimidar a políticos mexicanos revocándoles la visa estadunidense por diferencias ideológicas o por corrupción.

Tratándose de narcocorrupción de políticos, militares o de cualquier ciudadano mexicano, el gobierno de Estados Unidos es más astuto: no les quita el visado a los presuntos implicados en estos ilícitos, se los deja para que solos lleguen a sus manos. Está vigente el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Sedena en la presidencia de Enrique Peña Nieto, o el del narcotraficante Genaro Garcia Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

La manera impredecible que Trump tiene para operar no permite descartar una posible violación territorial a México para actuar contra cualquiera de los cárteles mexicanos.

Ingresar al territorio mexicano para ejecutar a narcotraficantes o destruir cargas de narcóticos es otro escenario en el que la participación de las fuerzas militares de Estados Unidos se interpretaría como una declaración de guerra más allá de la injerencia y violación territorial.

El gobierno de Sheinbaum tiene opciones generadas por el gobierno de Trump para bajar la tensión en la guerra del Pentágono contra las drogas y para quitarle las ganas a los halcones del gabinete de la Casa Blanca y a los del Capitolio de querer intervenir militarmente en México.

El Acta Patriota instrumentada en octubre de 2001 tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año a Nueva York, Washington y Pensilvania, es una ley contra el terrorismo internacional muy clara: dice que cualquier persona, organización o entidad, sin importar su nacionalidad, que tenga relación o asociación directa o indirecta con organizaciones terroristas internacionales, será tratada (judicialmente) e identificada como integrante de estos grupos terroristas.

El 24 de septiembre último el Departamento de Justicia de Estados Unidos develo el encausamiento judicial por narcotráfico de 34 personas a las que tácitamente calificó de ser integrantes de alto rango del Cártel de Sinaloa. De esos 34 narcoterroristas solamente dos, Próspero Coronel Sánchez, Pro, y José Luis Angulo Soto, “José Luis Angulo Cázares”, el Mini Niño, son ciudadanos mexicanos que viven en México. Los otros 32 encausados son ciudadanos de Estados Unidos, y de éstos, 11 tienen nombre anglosajón: Earl Frank, Michael Pennel, Chontell Reynolds, Jeffrey Neely, Dereck Turnage, David Allen Day, Dwayne Kimmins y Charles R. Evans, Shannon Guyton, Kimberly Hoskins y Aundre Vaughn.

El expediente judicial de estos 34 capos de “alto rango” del Cártel de Sinaloa, además de acusarlos de narcoterrorismo y lavado, los implica en el trasiego de armas de Estados Unidos a México.

Sheinbaum, bajo la estructuración de la cooperación binacional de combate al tráfico de armas y drogas, que además se enmarca en la instrumentación del Acta Patriota en Estados Unidos, podría y puede solicitarle al gobierno de Trump la extradición a territorio mexicano de los 11 anglosajones narcoterroristas para procesarlos por su participación indirecta o directa en el homicidio de mexicanos por medio del tráfico de armas y otros delitos que les puedan imputar.