Los Ángeles, EU.– En un movimiento para mitigar la crisis operativa en las fronteras y puertos del país, el presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que autoriza el pago inmediato a los empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida llega tras 50 días de cierre parcial, el periodo de inactividad presupuestaria más largo en la historia de los Estados Unidos.

Alcance de la Orden Ejecutiva

La resolución presidencial desbloquea los salarios de más de 35,000 efectivos adscritos a dependencias críticas para la seguridad nacional, que habían permanecido sin percibir ingresos desde mediados de febrero. Entre las agencias beneficiadas destacan:

– Guardia Costera: Operaciones de vigilancia marítima.

– FEMA: Respuesta federal ante desastres y emergencias.

– CISA: Protección de infraestructura crítica y ciberseguridad.

Este anuncio se suma a la orden emitida la semana pasada para regularizar los pagos del personal de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte), cuyo ausentismo por falta de remuneración provocó colapsos y retrasos masivos en los principales aeropuertos del país.

Un cierre histórico y polarizado

La actual parálisis del DHS, iniciada el 14 de febrero, supera ya el récord previo de 43 días establecido durante el cierre total del Gobierno en octubre pasado. El conflicto tiene su origen en el Capitolio, donde demócratas y republicanos mantienen un estancamiento absoluto sobre el presupuesto destinado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

” “Este trato insensible hacia los empleados del DHS debe terminar para garantizar que Estados Unidos no sea vulnerable a amenazas de seguridad”, dictaminó Trump en el memorando oficial, subrayando la urgencia de mantener la capacidad de respuesta ante emergencias.

Impacto en la infraestructura nacional

La crisis de pagos no solo ha afectado la moral de la fuerza laboral, sino que alteró la logística nacional. Ante la falta de personal de seguridad en los aeródromos, la Casa Blanca se vio obligada previamente a desplegar agentes del ICE en terminales aéreas para cubrir los puestos de la TSA, una medida extraordinaria que intensificó el debate político sobre el uso de recursos migratorios para tareas de aviación civil.

Pese al pago de las nóminas, el presupuesto general del Departamento continúa sin ser aprobado por el Congreso, manteniendo la incertidumbre sobre la operatividad a largo plazo de la seguridad nacional.