Ciudad de México.- El gobierno del presidente Donald Trump inició una nueva estrategia para reducir la permanencia de migrantes en Estados Unidos al clasificarlos como fallecidos y cancelar sus números de Seguro Social, medida que afecta a más de 6 mil personas vivas según fuentes cercanas al proceso esta acción, que no ha sido detallada públicamente, busca eliminar su acceso a servicios básicos como bancos y trabajo formal lo que los dejaría sin opciones para mantenerse en el país y los presionaría a abandonar el territorio estadounidense por voluntad propia.

Este operativo va dirigido a quienes ingresaron legalmente bajo programas temporales aprobados durante el mandato de Joe Biden incluyendo a más de 900 mil migrantes que entraron mediante la aplicación CBP One en su momento, estos extranjeros recibieron permiso de permanencia por dos años y autorización para trabajar pero el Departamento de Seguridad Nacional revocó esta semana esos beneficios y ahora se espera que se autodeporten.

El mecanismo para ejecutar esta medida se basa en el traslado de sus datos a una base federal usada para registrar a personas fallecidas lo cual desactiva sus números de Seguro Social y prácticamente los borra del sistema de servicios oficiales además el Departamento del Tesoro y el Servicio Interno de Impuestos (IRS) firmaron un convenio con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para compartir datos fiscales y facilitar la identificación y deportación de quienes no cuenten con autorización migratoria regular.

Esta decisión provocó la renuncia de Melanie Krause, comisionada interina del IRS quien se oponía al uso de datos tributarios con fines migratorios mientras tanto la organización Democracy Forward, que ya ha litigado otras políticas del expresidente, anunció que evalúa una nueva demanda por el posible uso ilegal de información confidencial de migrantes su directora ejecutiva Skye Perryman advirtió que esta medida constituye un abuso de poder y una violación directa a los principios legales estadounidenses por su parte una jueza federal ya prohibió al gobierno ordenar la salida inmediata de miles de personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que aún conservan estatus temporal lo que anticipa una batalla legal más amplia contra estas políticas de exclusión y persecución migratoria