Washington D.C. – En una escalada de tensiones entre la Casa Blanca y Silicon Valley, el presidente Donald Trump ordenó este viernes la suspensión total del uso de tecnología de Anthropic en todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos. La medida surge tras la negativa de la empresa de inteligencia artificial a permitir el uso militar incondicional de sus herramientas.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario lanzó una dura ofensiva contra la tecnológica:

” “¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!”, sentenció, estableciendo un periodo de eliminación gradual de seis meses para las dependencias que actualmente operan con dichos sistemas, incluyendo lo que denominó como el “Departamento de Guerra”.

Conflicto por la seguridad nacional

El núcleo del conflicto radica en los términos de servicio de Anthropic. Trump acusó a los directivos de la empresa de intentar anteponer sus políticas internas a los intereses de defensa del país.

– Acusaciones: El presidente calificó a los responsables de la firma como “locos de izquierda” y afirmó que su negativa es un “error desastroso” que pone en riesgo la seguridad nacional.

– Argumento legal: El mandatario sostuvo que la empresa intentó obligar al ejército a obedecer sus directrices privadas en lugar de la Constitución.

– Riesgo operativo: Según el Ejecutivo, esta postura “está poniendo vidas estadounidenses en riesgo y a nuestras tropas en peligro”.

Advertencia de consecuencias penales

La orden ejecutiva no solo implica el desmantelamiento de los contratos vigentes, sino que incluye una amenaza directa contra la compañía con sede en San Francisco. Trump advirtió que la empresa debe “ponerse las pilas” y facilitar la transición durante el periodo de seis meses.

” “Usaré todo el poder de la presidencia para obligarlos a cumplir, con graves consecuencias civiles y penales”, advirtió el mandatario.

Hasta el momento, Anthropic no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las declaraciones del presidente, las cuales marcan un precedente crítico en la relación entre el Estado y los desarrolladores de IA de vanguardia.