El día de ayer, 5 de febrero, en México se debió conmemorar un aniversario más de la Constitución de 1917. Sin embargo, lo que debería ser una celebración de la norma suprema de nuestra nación se ha convertido en el velorio simbólico de la división de poderes. Bajo el estandarte de la Cuarta Transformación (4T), el país atraviesa un proceso de desmantelamiento institucional que, descaradamente, busca sustituir la democracia liberal por un régimen de partido hegemónico, vulnerando con eso la esencia misma de nuestra República.

Así pues, mientras los discursos oficiales exaltan el pacto social de 1917, la realidad política dictada desde el centro del país nos muestra un documento que, aunque aún existe, ha sido vaciado de su espíritu republicano. Y es que, aunque no lo queramos ver la República, se diseñó para evitar la tiranía mediante el equilibrio y la vigilancia mutua, por lo que, el asalto frontal contra el Poder Judicial no es una “limpieza” necesaria, sino el golpe de gracia a la independencia de los jueces. Al someter la justicia al voto popular y al control político, se anula la figura del juzgador como último refugio del ciudadano frente al abuso estatal. Sin jueces autónomos, la Constitución se convierte en un simple catálogo de buenas intenciones que el Ejecutivo puede ignorar a placer.

Por si lo anterior le pareciera poca causa para considerar que nuestra constitución cada día más, a las manos del régimen obradorista, se puede convertir en letra muerta, en el horizonte democrático se vislumbra una nueva embestida contra la misma: La reforma electoral, la cual de ninguna manera busca perfeccionar la representación, sino desmantelar el arbitraje independiente. Al debilitar a los organismos que garantizan elecciones libres, el régimen asegura una hegemonía que desprecia la pluralidad.

En dicha propuesta de reforma electoral presidencial, se plantea, ahora, la elección de ministros y jueces por voto directo, con lo que se buscan inequívocamente eliminar la meritocracia y entregar los tribunales electorales a las clientelas partidistas. De igual forma, con el pretendido nuevo sistema electoral, lo que busca la 4T, es centralizar el control para asfixiar las voces disidentes y perpetuar un modelo de partido casi único.

Otro de los grandes temas que, hasta hoy tutela nuestra Carta Magna lo es la autonomía estatal, lo que por consecuencia de las reformas morenistas ha muerto en los hechos; los estados hoy son propinas presupuestales sometidos a la voluntad del mando central.

A los temas anteriores, habría que sumarle, la desaparición de la transparencia, como golpe directo al derecho humano de acceso a la información; la militarización como un adiós al espíritu civilista con lo cual se rompe el equilibrio civil-militar indispensable para una democracia sana y el inolvidable desdén por la legalidad reflejado en la frase “no me vengan con que la ley es la ley” que ahora vemos que, no fue sólo un exabrupto, sino una declaración de principios.

En resumen: llegamos a este 5 de febrero con una Constitución herida de muerte por lo que ahora, se hace ineludible defender la República, ya no como una postura partidista, sino como una urgencia ciudadana frente a un régimen que confunde la voluntad popular con la voluntad de un solo hombre que siente que tiene el permiso de destruir lo construido.