La democracia en Coahuila ha entrado en una dinámica donde las reglas del juego son sólo sugerencias y quien debe aplicarlas ha decidido, por comodidad o consigna, guardar el silbato en el cajón.

Lo que estamos presenciando con el despliegue desmedido de espectaculares de los “precandidatos o delegados” de Morena en todo el estado, y la respuesta burocrática del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), es una bofetada a la equidad que debería regir cualquier proceso electoral.

El Partido Acción Nacional (PAN), ha levantado la voz, y con razón. La presencia de anuncios monumentales que promueven figuras y marcas partidistas fuera de los tiempos legales no es una apreciación subjetiva; sino un hecho físico que cualquiera puede constatar.

Sin embargo, ante las quejas presentadas por actos anticipados de campaña, la respuesta del árbitro electoral ha sido, por decir lo menos, cínica: que cada espectacular debe ser denunciado de manera individual e independiente.

La queja del PAN fue clara y contundente: 20 espectaculares por todo el estado que exhiben la silueta de la Presidenta de la República y la fotografía de los supuestos delegados, que en realidad son candidatos únicos a las diputaciones locales, con el inequívoco propósito de burlar la ley, realizando actos anticipados de campaña y un posicionamiento vinculante al aparato federal para sacar ventaja antes del inicio de la contienda.

Al exigir que cada espectacular sea denunciado de manera individual, el árbitro electoral evidentemente no está buscando justicia, sino el cansancio procesal como táctica de dilación administrativa: obligar al quejoso a tramitar cientos de expedientes por una misma conducta para provocar su cansancio, es el equivalente a que un árbitro de futbol pida una denuncia por escrito por cada patada en el área antes de pitar un penal. Mientras tanto, el daño a la equidad de la contienda se vuelve irreversible.

Es indignante que el IEC, una institución que vive de un generoso presupuesto pagado por los impuestos de los coahuilenses, se haga de la vista gorda.

El ciudadano no paga para tener burócratas que administren la ilegalidad, sino para tener autoridades que garanticen que nadie esté por encima de la ley. La pasividad del Instituto lo convierte en cómplice de Morena, un partido que ha adoptado como dogma la frase de Obrador: “No me vengan con que la ley es la ley”.

Los delitos electorales también alteran la paz pública y el orden democrático, por lo que el IEC no es el único que duerme en sus laureles. En Coahuila existe la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electoral en Coahuila, por lo que es inaudito que la persecución de delitos electorales sea una carga endilgada exclusivamente a los partidos y a los ciudadanos, cuando existe una estructura institucional diseñada y pagada, para investigar y sancionar estas conductas.

La filosofía de Luisa María Alcalde y los morenistas es clara: la voluntad de los del régimen está por encima del marco jurídico. Bajo esa premisa, el proceso de 2026 corre el riesgo de ser una pifia democrática más, donde las reglas se doblan para favorecer al oficialismo ante la mirada complaciente de la autoridad.

Coahuila no merece un árbitro sin pito. Merece instituciones que trabajen y que entiendan que su sueldo es un contrato de honestidad con el pueblo, no un cheque en blanco para solapar al poder.