La inseguridad en las carreteras mexicanas ha alcanzado niveles tan alarmantes que los asaltos a autobuses de pasajeros foráneos se han convertido en algo casi cotidiano, especialmente en el norte del país, aunque las regiones del centro y del sur no se salvan de esta ola de violencia.

Grupos delictivos, aprovechando la escasa o nula vigilancia en tramos extensos y solitarios, actúan con una audacia creciente; detienen unidades enteras, despojan a los viajeros de sus pertenencias y, en no pocos casos, recurren a la violencia extrema.

Lo que antes era noticia excepcional hoy aparece con frecuencia en reportes locales, desde Chihuahua hasta Puebla o el Estado de México, donde carreteras como Parral–Jiménez o la autopista México-Puebla registran incidentes repetidos que afectan a familias completas, turistas y trabajadores que viajan por necesidad.

Las corporaciones policiacas, tanto federales como estatales, parecen desbordadas ante el volumen y la ferocidad de estos ataques. Los elementos disponibles no alcanzan para cubrir todos los kilómetros de asfalto vulnerable, y la respuesta suele llegar cuando el daño ya está hecho.

Mientras tanto, los usuarios de las líneas de transporte foráneo enfrentan un riesgo diario que va más allá de un simple retraso. Pierden dinero, documentos, celulares, joyas y, lo peor, la tranquilidad y la sensación de seguridad personal.

Las empresas transportistas, por su parte, han mostrado una actitud pasiva que raya en la indiferencia. Pocas invierten en medidas preventivas serias, limitándose a promesas vagas o a la contratación de guardias privados que, en la práctica, resultan insuficientes.

Sin necesidad de desembolsos millonarios ni de esperar soluciones mágicas del gobierno, las compañías autobuseras podrían implementar acciones concretas y de bajo costo que marcarían una diferencia real. Por ejemplo, en las terminales, establecer un filtro de acceso a los andenes con personal capacitado y un sistema computarizado de registro, similar al que ya se usa en aeropuertos.

Revisar el equipaje terrestre de forma sistemática, abriendo maletas, mochilas y paquetes, evitaría que se introduzcan armas o herramientas delictivas a bordo. Además, una inspección corporal discreta pero efectiva a los pasajeros, realizada por personal contratado directamente por las empresas y no por guardias externos mal pagados, eso podría disuadir a muchos delincuentes que ahora suben como usuarios comunes y actúan sin obstáculos una vez en marcha.

Estas revisiones no representarían un gasto desproporcionado; bastaría con capacitar a un grupo reducido de empleados por terminal, invertir en escáneres básicos o rayos X portátiles, así como los que ya emplea la Guardia Nacional en operativos vacacionales y coordinarse con las autoridades locales, estatales y federales sobre todo éste último, para compartir información en tiempo real. Aligerarían enormemente la carga de los policías, que hoy no pueden destinar patrullas ni elementos fijos a cada central de autobuses ni a cada kilómetro de carretera.

Sería una colaboración mutuamente beneficiosa que las empresas protejan a sus clientes y su reputación, mientras las autoridades reciben un apoyo práctico en prevención. La comparación con lo que ocurre en los bancos es inevitable y dolorosa. Las instituciones financieras, pese a manejar sumas millonarias, escatiman en seguridad real; colocando guardias privados sin armamento adecuado, con entrenamiento mínimo y salarios que no motivan a nadie a jugarse la vida. Cuando aparece un asaltante armado, esos vigilantes quedan prácticamente indefensos; su valentía ocasional es más heroísmo individual que protección institucional. Los delincuentes los neutralizan en segundos, y las pérdidas, humanas y económicas, terminan recayendo en los clientes y en la imagen del banco.

Algo muy similar pasa con el transporte foráneo en donde las empresas prefieren minimizar costos en lugar de asumir que la seguridad es parte esencial del servicio que venden. Mientras tanto, los pasajeros siguen siendo los grandes perdedores en donde pagan su boleto con la incertidumbre de si llegarán enteros a su destino, o si perderán lo poco que llevan consigo.

Es urgente que las líneas de autobuses dejen de ver la seguridad como un gasto opcional y la conviertan en una prioridad. No se trata solo de evitar robos; se trata de recuperar la confianza de millones de mexicanos que, por trabajo, estudio o familia, dependen del transporte terrestre. Mientras las empresas sigan postergando decisiones firmes, la violencia en las carreteras continuará cobrando víctimas y erosionando la vida cotidiana de quienes viajan.

Los verdaderos perjudicados, como siempre, somos los pasajeros que, con cada boleto comprado, apostamos no solo tiempo y dinero, sino también nuestra integridad física. Ya es hora de que alguien asuma su responsabilidad y ponga freno a esta normalización del miedo en las rutas del país. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org