El País.es / Ciudad de México.- Pedro Alvarado, un campesino de 33 años, cumple una condena de 70 años por una sentencia que no firmó un juez sino una estudiante de Derecho. Alvarado mató a su primo Santos Alvarado en 2006 en un pleito de tierras. Dos años después recibió la pena, rubricada por una secretaria judicial que no obtendría su licenciatura hasta 2011, según la prueba documental recabada por su abogada, que trata de reabrir el caso por el grave defecto procesal. La legislación mexicana, sin embargo, no contempla que se puedan corregir sentencias en firme. Él espera dentro mientras fuera lucha por él su hermana Gina. Como en una tragedia clásica, ella, a su vez, es la viuda de Santos, el difunto.

“Nos llevábamos tan bien los tres”, se lamenta Gina Alvarado.

El 2 de abril de 2006 Pedro Alvarado salió como cada mañana a trabajar a los campos de su padre, Leonardo Alvarado. Pasado un rato, padre e hijo vieron llegar en camionetas y tractores una cuadrilla de hombres armados con machetes con un tío de su padre a la cabeza, Santos Alvarado, que según Gina se quería apropiar de aquel terreno. De acuerdo con la declaración de Pedro Alvarado, la tensión se desbordó y su padre terminó en el suelo con el tío apuntándole a la cabeza con un revólver y un hijo diciéndole: “Mata a ese perro”.

Pedro Alvarado echó mano de su escopeta de postas y, con la idea de “defender y salvar la vida de mi señor padre”, disparó al bulto. Así cayó Santos junior, que no era el que encañonaba a don Leonardo ni tampoco el que azuzaba a que le descerrajasen un tiro en la testa como a un animal indefenso, pero que estaba allí y resultó ser el bulto que se interpuso en la violenta trayectoria de la munición. Santos Junior, hijo del tío de su padre, marido de su hermana Gina, padre de sus tres hijos, amigo de Pedro.

El homicida se quiso entregar pero su madre lo frenó. Le dijo que esperara. Una semana después olvidó los consejos maternos y se presentó ante las autoridades de Lerma, el municipio a una hora de la Ciudad de México donde ocurrió todo. Kafkianamente, según el relato de los hechos del expediente, le ordenaron al asesino que se fuera de allí porque su asesinato “estaba en averiguación”.

Tozudo y arrepentido por haber matado a su primo segundo, al que estaba tan unido que le tomaba prestadas las camisas cuando pasaba sudado por casa de su hermana Gina, Pedro Alvarado regresa una semana después para que lo metan entre rejas. Le dicen, otra vez, que no interrumpa, porque el caso ya estaba en el juzgado, a donde acude para dar con otra negativa a su autoría criminal: “Me dijeron que no había orden de aprehensión en mi contra y no me podían detener”. Al cabo de unos días, volvió al juzgado para reclamar que se le detuviese y, al cuarto intento, logró que lo sentasen a tomarle declaración.

Su abogada, Bárbara Zamora, opina que en un juicio procedente no lo hubieran condenado por homicidio calificado. Cree que se habría demostrado que “no actuó con alevosía”, que hubo un componente de defensa propia al estar en peligro su padre y que la pena se habría atenuado porque acudió a confesar su crimen. Pero más allá de eso apunta al problema principal de la sentencia: que no fue firmada por un juez sino por una Secretaria en Funciones de Juez, Consuelo Cornejo Avendaño.

La figura de Secretaría en Funciones de Juez existía en aquel momento, pero se exigía que la persona en funciones fuera licenciada en Derecho. Cornejo Avendaño no estaba en esa situación, según el documento oficial recabado por la abogada Zamora en el que consta que la firmante de la sentencia no obtuvo el título hasta 2011, dos años y medio después del fallo que condenó a Pedro Alvarado a una condena que acabaría de cumplir con 93 años de edad.