Nueva York, EU.— Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este domingo la suspensión inmediata de una polémica campaña de anuncios publicitarios financiada con fondos públicos del Gobierno del presidente Donald Trump, a poco más de tres semanas de que se celebren las elecciones de medio mandato en ese país.

La magistrada Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fundamentó la medida cautelar al señalar que el mantenimiento de dicha pauta podría generar un “daño irreparable”. La resolución incluye el congelamiento de un presupuesto de 20 millones de dólares destinado a la producción y difusión de los materiales audiovisuales.

La orden judicial entró en vigor este domingo a las 18:45 hora local y se mantendrá vigente durante un periodo de 14 días, con posibilidad de ser prorrogada por el propio tribunal, que adelantó que publicará próximamente la argumentación jurídica completa del fallo.

Promoción institucional vs. propaganda electoral

Los spots publicitarios, financiados mediante recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), han generado fuerte controversia debido a su contenido. Las piezas combinan elogios a la figura del presidente, críticas hacia la oposición política y el ensalzamiento de acciones militares recientes, entre las que destacan la detención del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y las operaciones armadas contra Irán.

La postura de la Casa Blanca y de Trump

Ante la determinación judicial, la Casa Blanca rechazó que la campaña constituya propaganda política de cara a los comicios, argumentando que se trata de mensajes educativos y de servicio público.

Por su parte, el presidente Donald Trump defendió el uso de los fondos gubernamentales bajo el argumento de que no figura como candidato en la contienda electoral de noviembre.

” “No me estoy promocionando a mí mismo porque no soy candidato; estoy promoviendo al país”, sostuvo el mandatario, quien añadió estar dispuesto a reembolsar los recursos con su propio capital en caso de que las autoridades competentes determinen la improcedencia del gasto.