Internacional
Por
Proceso
Publicado el lunes, 16 de noviembre del 2026 a las 22:22
Ciudad de México.– Una consulta aplicada a más de 7 mil personas menores de 17 años por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) evidenció la desconfianza y frustración que experimentan niñas, niños y adolescentes ante los obstáculos que enfrentan para acceder a la justicia.
El ejercicio, realizado en distintas regiones del mundo para elaborar la “Observación General Número 27 sobre el derecho de los niños al acceso a la justicia y a un recurso efectivo”, cuyo texto definitivo fue presentado este lunes por Tejiendo Redes Infancia, alertó que las instituciones encargadas de impartir justicia mantienen una perspectiva centrada en los adultos, lo que provoca que las experiencias de las infancias sean ignoradas o invalidadas y que se les considere incapaces por su edad.
El documento fue aprobado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas durante su 101 periodo de sesiones, celebrado en septiembre pasado. En él se recuperan los testimonios de menores que señalaron que los adultos suelen minimizar sus denuncias al considerarlas exageraciones o producto de su imaginación, además de excluirlos de decisiones que afectan directamente sus vidas.
“Los niños expresaron una profunda frustración y desconfianza hacia los mecanismos formales de justicia existentes, describiendo los tribunales y las fuerzas del orden como intimidantes, orientados a los adultos y lentos, y el proceso judicial como frecuentemente revictimizante.
“Muchos señalaron que tenían miedo de presentar denuncias por temor a represalias, reacciones adversas de familiares o compañeros, estigmatización comunitaria o simplemente a que las autoridades no les creyera”, resumieron los expertos del Comité en la “Observación General Número 27”.
El informe señaló que, a pesar de la existencia de la Convención Internacional, los protocolos facultativos y los avances legislativos en favor de la niñez, todavía no existen garantías suficientes para proteger a esta población. Advirtió que millones de menores enfrentan diariamente vulneraciones a sus derechos, entre ellas la falta de acceso a servicios de salud, educación y protección social, además de situaciones de violencia, explotación, discriminación y exclusión.
Estas problemáticas se intensifican durante periodos de crisis, mientras que muy pocos niños cuentan con acceso a mecanismos de justicia y recursos efectivos para defender sus derechos.
En su resolución, el Comité de los Derechos del Niño destacó que las dificultades son todavía mayores para los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos menores con discapacidades, niños no verbales, neurodivergentes, de corta edad, pertenecientes a la comunidad LGBIQ, minorías étnicas y pueblos indígenas, así como quienes carecen de nacionalidad o reconocimiento jurídico.
También incluyó a menores separados de sus familias o que viajan sin acompañamiento, quienes se encuentran privados de la libertad, bajo modalidades de cuidado o detención, aquellos cuyos padres están encarcelados o no están casados y quienes tienen acceso limitado al entorno digital.
Mediante la “Observación General Número 27”, el Comité subrayó la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación ante violaciones o abusos de los derechos infantiles, especialmente cuando exista un daño inminente o que pueda preverse.
Asimismo, exhortó a los Estados a establecer recursos que permitan prevenir o detener afectaciones presentes y futuras, sobre todo cuando el tiempo sea determinante. Estas medidas deberán contemplar actividades empresariales, incluido el entorno digital, la separación de menores de sus familias, la deportación de niños o sus cuidadores cuando exista riesgo de devolución, amenazas contra su vida y dificultades para acceder a tratamientos médicos.
También deberán garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, aborto seguro para las niñas y educación.
Los especialistas señalaron que el acceso a la justicia no debe depender de que los menores presenten una denuncia directamente o de que otra persona lo haga en su representación. En situaciones como las vulneraciones ocurridas en espacios digitales, los gobiernos deberán actuar por iniciativa propia para identificar a las víctimas y ofrecerles mecanismos de reparación.
El Comité también sostuvo que la protección de los derechos de la niñez debe mantenerse durante situaciones de emergencia, incluidos conflictos armados, desastres naturales, pandemias y crisis climáticas. Para ello, los Estados deberán implementar mecanismos urgentes de denuncia y procesos de reparación en las comunidades, que permitan documentar las violaciones conforme ocurran y garantizar la rendición de cuentas.
La “Observación General Número 27” también recomienda a los gobiernos establecer canales de denuncia accesibles para niñas, niños y adolescentes, como líneas telefónicas de ayuda, buzones, plataformas digitales, servicios presenciales, intervenciones comunitarias y centros de atención tanto remotos como digitales.
Finalmente, el Comité de los Derechos del Niño propuso que los Estados desarrollen y fortalezcan mecanismos alternativos de resolución de conflictos y modelos de justicia restaurativa centrados en las infancias, tanto dentro como fuera del sistema judicial. Estas opciones deberán ser gratuitas, tener menos formalidades y facilitar el acceso de los menores a soluciones adecuadas a sus necesidades.
Notas Relacionadas
Más sobre esta sección Más en Internacional
Hace 2 horas
Hace 2 horas
Hace 2 horas
Hace 4 horas
Hace 4 horas
Hace 7 horas
Hace 7 horas
Hace 8 horas
Hace 8 horas
Hace 8 horas
Hace 8 horas
Hace 8 horas