Saltillo, Coah.- Desde hace 10 años, las universidades públicas del país han recibido presupuestos anuales con incrementos inferiores a la tasa inflacionaria de cada año, por lo que algunas enfrentan riesgos financieros y pasivos en el pago de pensiones, advirtió Salvador Hernández Vélez, rector de la UAdeC.

En reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior con David Colmenares, Auditor Superior de la Federación: Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y diputados federales de las comisiones de Educación y Presupuesto y Cuenta Pública, Hernández Vélez expuso las demandas de las universidades Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.

Al entregar los estados financieros auditados y los logros académicos de cada institución, señaló que ampliaron la matrícula a pesar de la falta de recursos, tomaron medidas para el regreso presencial de las actividades, apoyaron a los estudiantes en riesgo de deserción y continuaron con el proceso de acreditación de la calidad de los programas educativos a nivel nacional e internacional.

“ 2021 ha sido un año de retos, no solo por la pandemia, sino también por la falta de recursos para hacer frente a todas las necesidades de las universidades”.

“ Uno de los problemas que más se repite en nuestras instituciones de la Región Noreste, es el crecimiento en el pasivo de las pensiones, que constituye un riesgo financiero para varias universidades”.

Señaló que, con el objetivo de seguir creciendo en la matrícula, garantizar educación de calidad y hacer posible la gratuidad de la educación superior, se unen a las peticiones planteadas por la ANUIES, para que el presupuesto ordinario crezca por encima de la inflación real porque llevan 10 años con presupuestos inferiores a la tasa de inflación.

Además, reactivar el fondo U081, eliminado en el 2018 por la Cámara de Diputados, para hacer frente al tema de pensiones; poner en marcha el fondo que establece la Ley General de Educación Superior para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, y reactivar los fondos extraordinarios, en especial los relacionados a la infraestructura y la calidad educativa.

Se necesita, indicó, diseñar un nuevo modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior.