Ciudad de México.- El Gobierno de México anunció este lunes que instruyó a su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, a trasladarse a su capital para realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno de Daniel Ortega.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó ésto en un comunicado conjunto con el Gobierno de Argentina, quien también llamará a su representante Mateo Daniel Capitanich.

La semana pasada, ambos países habían discrepado con otros en la región al no votar a favor de una resolución de la Organización de Estados Americanos que condenaba más de una docena de arrestos recientes en Nicaragua de figuras clave de la oposición.

Las cancillerías indicaron que el Gobierno de Nicaragua en los últimos días ha puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses.

“ Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”, señalaron en el documento.

El objetivo, señalaron, es impulsar un diálogo con el gobierno de Ortega para superar “esta situación por la vía pacífica”.

El domingo por la noche, el periodista Miguel Mora, aspirante de la oposición a la presidencia, fue detenido, según la Policía, dentro de una investigación sobre supuestos delitos contra “la independencia y la soberanía”.

Mientras tanto, el canal de televisión digital 100% Noticias, que Mora dirigió hasta 2020, informó que agentes policiales allanaron la vivienda del comunicador y de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, situada en un sector al sureste de Managua, la capital.

“ La casa de Miguel Mora y Verónica Chávez está siendo allanada, no hay comunicación con nadie. Dentro de la vivienda está su hijo Miguelito, un niño con discapacidad”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista Gerall Chávez, amigo de la pareja.

Es la segunda vez que el periodista es detenido por la Policía. La primera fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron la televisora y arrestaron a Mora y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”.

Mora es el quinto opositor aspirante a la presidencia detenido en Nicaragua desde el dos de junio, cuando la Policía arrestó a la periodista Cristiana Chamorro, que permanece bajo arresto domiciliario. Los otros tres son el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.

Como parte de la ola de arrestos, la Policía ya ha detenido también a dos empresarios, dos ex vicecancilleres, cuatro activistas opositores y dos excomandantes guerrilleros disidentes del gobernante Frente Sandinista.

Las detenciones ocurren a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega, de casi 76 años, aspira a su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.

Miguel Mora se había inscrito como precandidato presidencial del Partido Renovación Democrática (PRD), liderado por el pastor evangélico Saturnino Cerrato, y que el tribunal electoral eliminó de la contienda en mayo pasado, al quitarle su personalidad jurídica.

El arresto de Mora fue condenado por las opositoras Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y Coalición Nacional. Ambas organizaciones han acusado a Ortega de pretender eliminar a todos sus rivales para poder reelegirse y gobernar por cinco años más.

El gobierno, a través de la Fiscalía, acusa a los opositores detenidos de cometer delitos como “financiamiento al terrorismo, injerencia extranjera y traición a la patria”, y de haber apoyado un “fallido golpe de Estado” a través de las protestas sociales que estallaron en abril de 2018.

En esas protestas, la acción violenta de policías y paramilitares dejó 328 muertos, dos mil heridos, cientos de detenidos y más de 100 mil emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno reconoce sólo 200 fallecidos.

Con información de El Financiero.