Coahuila

Publicado el domingo, 15 de febrero del 2026 a las 04:21
Saltillo, Coah.- Para la diputada presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, es urgente que las autoridades electorales endurezcan sus candados a fin de evitar que gente ligada a la delincuencia llegue a ocupar un cargo de elección popular.
Por su parte, durante la semana el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que el INE debe implementar más filtros como control de confianza, antidoping y exámenes sicológicos, para evitar que personas ligadas a la delincuencia o con problemas mentales, sean candidatos y luego accedan a un cargo de elección.
“Lo cierto es que debemos de cuidar mucho los perfiles, y hablo en un tema de partidos. Que revisen a la gente que va a representar al partido, y no nada más por la representación, sino por el cargo que van a estar ocupando.
“No se puede poner en riesgo que perfiles ligados al narcotráfico, con la delincuencia, estén ocupando estos puestos, porque luego ahí se te van infiltrando”, dijo Morales Núñez.
En elecciones anteriores se logró que prosperara la iniciativa ciudadana “3 de 3”, para que los candidatos publicaran sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
En 2017 se impulsó la iniciativa “5 de 5”, que incluía las declaraciones patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses; así como una carta de no antecedentes penales y un examen antidoping.
Por lo que Luz Elena consideró que se debe hacer algo similar para evitar infiltraciones del crimen organizado.
“Gracias a una estrategia de seguridad, aquí en Coahuila, se ha podido mantener el orden. Evitar los cobros de extorsión, de derecho de piso, que lamentablemente en algún momento los hubo en el estado. Hay que poner especial atención en eso, para el siguiente proceso electoral”, apuntó.
El Mandatario estatal enfatizó que es muy grave que actores políticos, provenientes de un proceso electoral, en vez de beneficiar a la ciudadanía se dediquen a extorsionarla, por lo que señaló que es importante que a nivel nacional se implementen candados más estrictos para evitar que personas con problemáticas como esta lleguen a gobernar.
“Debe haber por parte del INE y de institutos electorales de los estados, un filtro sumamente estricto… porque luego llegan candidatas o candidatos y traen asoleado al pueblo con sus abusos de poder, corrupción, ligas con el narco”, señaló.
Expresó que lo anterior sería para el bien del país, pues no se debe tolerar tener en un Gobierno municipal, estatal o el Congreso, tanto estatal como federal, a gente que tiene cercanía o alianzas con la delincuencia organizada, a quienes Coahuila les tiene cerradas las puertas.

Una de las prioridades que debe contemplar la próxima reforma electoral es establecer más mecanismos para frenar la intromisión del crimen organizado en las elecciones.
Así lo advierten expertos en elecciones y seguridad nacional, quienes afirman que los últimos tres procesos electorales confirmaron que la delincuencia sí opera en la elección de candidatos.
Esto, coinciden, no sólo lo logran financiando campañas, también a través de amenazas, tanto a quienes buscan posicionar, como a los opositores. Así como extorsión, secuestro de familiares, atentados, violencia, robo de urnas, control de casillas, presión a funcionarios de casillas o comunidades enteras y movilización de votantes.
En los últimos cinco años se han detenido a varios Alcaldes acusados de lazos con la delincuencia. Estos fueron electos entre 2021 y 2024.

Por ello, plantean una veintena de propuestas que, consideran, deben incluirse en la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum o en la reforma final que prometen se construirá en el Congreso.
Instalar piezas
Los datos muestran que son los candidatos a Alcaldes los que están más cooptados por el crimen. Sin embargo, los especialistas afirman que también quienes aspiran a gubernaturas y, finalmente, la intromisión impacta a todo el proceso, pues generalmente la elección federal y local se realizan el mismo día.
La elección de 2027 será la más grande de la historia, pues no sólo se elegirá la Cámara de Diputados federal, también se renovarán mil 900 Alcaldías, 30 Congresos y 17 gubernaturas.
Además de la elección de 850 juzgadores federales y más de 4 mil locales. En esos comicios, aseguran, el crimen también intentará colocar a sus juzgadores.
En las elecciones de 2021, ante diversos brotes de violencia ocasionada por el crimen organizado, el Tribunal exigió al INE un mapa de riesgo. Sin embargo, después se determinó que el organismo no estaba facultado para realizarlo.
Para Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, ahora INE, urgen nuevos mecanismos para blindar los procesos electorales ante las evidencias de que el crimen organizado está detrás de la elección de autoridades.
Considera que el Estado no puede seguir negando que la delincuencia está incrustada en el sistema político electoral del País.
El director de Integralia, consultora dedicada a analizar el entorno político, económico y social de México y América Latina, afirma que las bandas buscan controlar las Alcaldías o gubernaturas para la regulación de mercados, construcción de obra pública, manejo de la Policía Municipal o “blanquear” a través de negocios locales.
Recuerda que, incluso, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconoció en algún momento que quienes aspiran a ser candidatos tienen que pedir permiso a las jefaturas del crimen organizado local, y, en ocasiones, éste fondea las campañas.
“
Este es el mayor desafío para la sobrevivencia de la democracia mexicana. Las medidas que han tomado de brindar protección a candidatos es superficial y bastante inefectiva”, afirma.
Ante este escenario, plantea, es momento de analizar el voto electrónico en las regiones que están controladas o con alta incidencia de las bandas criminales.
“Hay escalas diferentes y para el crimen organizado es más fácil penetrar regionalmente. Si vas capturando gobiernos locales, la sumatoria de gobiernos compactos, pequeños y débiles, se hace un pedazo de pastel grande”, expresa.

Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, organización que se dedica a analizar asuntos de seguridad y violencia en el País, reconoce que es muy difícil detectar si un candidato tiene lazos con el crimen o está detrás de algún político.
Sin embargo, considera, en la legislación deberían establecerse más mecanismos para que partidos y autoridades electorales puedan detectar una posible relación y encender focos rojos.
“Una persona es inocente hasta que no se le prueba lo contrario. Y el que aparezca en una investigación, no necesariamente hace que esa persona efectivamente está ligada a un grupo delictivo o tiene algún tipo de actividad criminal.
“Entonces, sí es difícil establecer mecanismos, trabajar con inteligencia para identificar a posibles candidatos, considerando que siempre se nos va a colar alguno”, indica.
Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral, coincide en que debe contemplarse anular una elección si se comprueba que hubo intervención del crimen organizado. Esto, plantea, podría iniciarse a nivel municipal.
Actualmente la legislación contempla la anulación por violencia o irregularidades “generalizadas o sistemáticas”, pero no se menciona a la delincuencia o narcotráfico.
El juez electoral considera que en la discusión de la reforma electoral deben escucharse a las autoridades electorales, a expertos en seguridad y funcionarios para establecer nuevos mecanismos que blinden las elecciones de la delincuencia.
Acciones extremas
Las investigaciones que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, mostraron que en las elecciones de 2018, 2021 y 2024 la delincuencia organizada no sólo financió campañas e impuso a candidatos, también sacó a la población en ciertas localidades a votar y realizó bloqueos o violencia para influir en la elección.
-Recalca el Observatorio que México es un país con una situación atípica dentro de las democracias del mundo por la enorme presencia de delincuencia organizada, por lo que, advierte, esto debe llevar a acciones extraordinarias.
Con información de Jesús Castro y Agencia Reforma.
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