Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el caso de la supuesta obtención ilegal de la pensión vitalicia por la muerte de su esposo.

Casar fue citada para el próximo martes a una audiencia ante Diana Selene Medina Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, para ser imputada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, informaron fuentes judiciales.

La diligencia se llevará a cabo por solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, que pretende que sea vinculada a proceso por esta conducta que se sanciona con 6 meses a 12 años de prisión y multa de 30 a 150 días de salario.

Conforme a los antecedentes del caso, el 10 de enero de 2005 Pemex le otorgó a la analista política una pensión de forma vitalicia por el fallecimiento de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla y desde entonces los pagos se le hicieron de manera interrumpida.

Pero en marzo de 2024, la empresa productiva del Estado dejó de depositar esta pensión de la que son beneficiarios Casar y sus dos hijos, motivo por el que la presidenta de MCCI presentó un amparo.

La demanda de garantías de Casar ocasionó una reacción de la empresa productiva del Estado y del Gobierno Federal

El 5 de abril del mismo año, Pemex presentó una denuncia penal contra Casar ante la FGR y 10 días después, tras precisar las circunstancias y los hechos, inició la carpeta de investigación y comenzó a solicitar información para integrar el expediente.

La querella fue por el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte del esposo de Casar y “por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto”.

El Gobierno además demandó a Casar por 31 millones de pesos y publicó un micrositio con documentos sobre el caso de la muerte de su esposo, además de datos personales.

Además, en su conferencia matutina del 3 de mayo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Casar de haber cambiado el acta de defunción de su esposo, de suicidio por accidente, cuando cayó de la Torre de Pemex, con el fin de cobrar pensión por 123 mil pesos mensuales.

En el amparo, el 10 de mayo de 2024 Casar logró que el entonces juez federal Ricardo Guzmán Wolffer le concediera la suspensión de plano para que Pemex le continuara remunerando los pagos pendientes por la pensión.

Si bien Pemex impugnó el fallo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo declaró parcialmente infundada su queja en la que alegó que Casar no tiene derecho a la pensión porque su esposo se suicidó y porque tampoco la requeriría para subsistir por el salario que recibe en MCCI.

En febrero de este año Fidel Acosta Hernández, secretario en funciones de juez que relevó a Guzmán Wolffer, canceló el trámite del amparo, en virtud de que Pemex le seguía pagando la pensión a Casar y, por tanto, no había un acto que pudiera reclamarse por esta vía legal.

“ Lo que hace evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber continuado, hasta la fecha, el pago de la pensión post mórtem, por tanto, este juicio de amparo queda sin materia; asimismo, se puede decir que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional; pues se continuó con los pagos correspondientes, en tiempo y forma”, dice el fallo.

Pemex impugnó esta resolución que ya fue turnada al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de esta ciudad.

Apoyan a Casar

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática se solidarizó con María Amparo Casar, directora de MCCI, luego de que la FGR procediera penalmente en su contra.

“ De nueva cuenta, como desde hace varios años, vuelve a ser sujeta a persecución judicial. Se trata de un ejemplo extremo de venganza hacia una ciudadana lúcida e íntegra, cuyo trabajo ha consistido en revelar y documentar la corrupción en nuestro país, desde hace más de una década”, dijo en un comunicado.

“ La Fiscalía no debe, no merece ser utilizada para la represalia política, tal y como se comprometió la señora Ernestina Godoy ante el Congreso”.