Ciudad de México.- Nueve meses después de la extradición de Emilio Lozoya a México, donde acusó a políticos de haber recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en el sexenio pasado, el panista Jorge Luis Lavalle fue vinculado a proceso, y ahora las indagatorias apuntan hacia Ricardo Anaya.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales del exdirector de Pemex, el ex candidato presidencial recibió sobornos por 6.8 millones de pesos, como parte de la operación federal para que los panistas apoyaran la reforma impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013.

Por estos “moches”, pagados con dinero que tendría su origen en transferencias de Odebrecht, ahora también se iniciarán procesos contra otros panistas como Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Osiris Hernández, ex secretario particular de Anaya.

También contra priistas como David Penchyna, Luis Videgaray, así como contra ex directores de Pemex, entre ellos José Antonio González Anaya.

Jorge Luis Lavalle fue vinculado ayer a proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

En una audiencia de 20 horas con 30 minutos, Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó al ex legislador y le ratificó la prisión preventiva justificada.

El juez fijó un plazo de 3 meses de investigación complementaria, para que la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR) reúnan sus datos de prueba.

También le ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que el ex legislador se quedará internado en el Reclusorio Norte, en lo que se resuelve el amparo o el recurso de apelación que promueva contra el procesamiento, lo que tardará meses.

Durante la audiencia, la FGR presentó 37 datos de prueba contra el campechano, mientras que éste llevó alrededor de 20.

El defensor José Zapata Altamirano dijo en entrevista que el juez Fuerte Tapia sólo consideró los dichos de Lozoya y los de Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y ex subordinado de Lavalle, los que en su opinión debieron ser considerados ilícitos.

Por el contrario, cuestionó que el juzgador desestimara los testimonios de Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, secretario particular y jefe del Departamento Administrativo del director de Pemex, quienes desmienten a Lozoya.

Éste afirma que Arteaga y Olascoaga operaron bajo sus órdenes la entrega de sobornos a los legisladores para la aprobación de la reforma energética.

Si bien las declaraciones de lo dos operadores de Lozoya fueron agregados a la carpeta de investigación y entregadas a los fiscales, el juez estimó que como se trata de declaraciones rendidas ante la defensa y no ante el Ministerio Público, no tienen el mismo valor.

Señalados

La imputación tiene como punto de partida la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía, y que dio lugar al inicio de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.

En su querella, Lozoya acusa a 16 políticos y ex altos funcionarios como los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como ex senadores como Francisco García Cabeza de Vaca y excandidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

El denunciante afirma que los sobornos que recibió de Odebrecht a su vez los empleó para sobornar a legisladores del PRI y del PAN para que aprobaran las reformas estructurales, principalmente la energética.

Lavalle es uno de los señalados y su subordinado Rafael Caraveo declaró que fueron por lo menos 25 millones de pesos, dinero que asegura haber recibido en 15 maletas a nombre del ex senador.

Cuando acudió ante la FGR, Caraveo refirió dos entregas importantes, una de 13 y otra de 12 millones de pesos, recursos que –según su dicho– financiaron campañas electorales del PAN.