México.- Las políticas para incentivar la creación de empleos para la juventud no han funcionado porque su visión es pro empresarial al extremo, comentó el titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Gerardo González Chávez.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que los apoyos económicos ofrecidos por el Programa del Primer Empleo (PPE) y la Ley de Fomento al Primer Empleo representan incentivos paliativos, que dejan en la buena o mala voluntad de las empresas la contratación de los jóvenes.

Explicó que en México se duplicó la migración de jóvenes licenciados, debido a que no existen empleos formales para desarrollarse profesionalmente y de acuerdo con las investigaciones, casi 13 por ciento de la población joven preparada sale del país en busca de trabajo.

El investigador Iren Castillo Saldaña, de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, coincidió a su vez en que no existe visión social en las políticas públicas de empleo para la juventud.

Aclaró que la visión empresarial se sustenta en el contrato de personal con experiencia que no requiera capacitación, más allá de los beneficios que pueda ofrecer el gobierno para emplear a nuevos trabajadores.

Castillo Saldaña comentó que de los 30 millones de muchachos en el mercado laboral, 50 por ciento trabajan en condiciones informales o con salarios insuficientes.

De acuerdo con el informe “La situación actual de los jóvenes en México” del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2009 los jóvenes desempleados con estudios universitarios duplicaron a los que, con la primaria incompleta, tampoco tienen trabajo.

El documento indica que existían casi 12 por ciento de jóvenes licenciados desempleados, frente a cinco por ciento con educación básica trunca igualmente sin empleo.

Apunta que el aumento de población con educación media superior y superior durante la última década provocó que mujeres y jóvenes con mayor nivel de estudio, así como quienes viven en zonas urbanas, estén expuestos con mayor intensidad al trabajo informal o al trabajo sin pago.

El análisis llevado a cabo con base en las encuestas nacionales de Ocupación y Empleo 2000, 2005 y 2009 también añade que 60 por ciento de los jóvenes ocupados percibían menos de dos salarios mínimos.

Explica además que 25 por ciento de las personas de 12 a 17 años de edad ocupadas no recibía ingreso alguno, mientras que en relación a los adultos jóvenes empleados 25 por ciento no tenía paga y 75 por ciento percibía menos de tres salarios mínimos.

Ante ello, el documento sugería la necesidad de elevar en el país no sólo el perfil académico, sino también el laboral y económico.

En este contexto el Plan Nacional de Juventud 2008-2012, realizado por el gobierno federal en 2007, considera que sólo 39 por ciento de la población joven trabajadora tiene contrato laboral, y de ellos únicamente dos de 10 cuentan con prestaciones de ley.

El mismo plan se planteó como meta disminuir uno por ciento la tasa de desocupación abierta de los jóvenes profesionistas, al programar la baja de ocho por ciento en 2007 a siete por ciento en 2012.

Mientras a nivel mundial hay 78 millones de jóvenes desempleados en México, la Población Económicamente Activa sin empleo de 14 años o más se mantuvo entre 4.8 y 5.8 por ciento en 2010.

En este tenor, el académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM comentó que el desempleo de los jóvenes es un problema para el mercado en todos sus diferentes niveles, porque ese sector presiona y compite para conseguir las plazas laborales de otros.

Además satura o crea sobreoferta en el mercado informal y paraliza la inversión de los empresarios porque no hay consumo, agregó González Chávez.

En tanto, el investigador de la Universidad Panamericana añadió que el bono poblacional, es decir el aumento de la población en edad de trabajar, ya se había previsto desde hace varios años, pero las políticas gubernamentales para su aprovechamiento no han tenido resultados.

Recordó que en 2007 el gobierno de la República aprobó un presupuesto de tres mil millones de pesos para el arranque del Programa del Primer Empleo (PPE), principal estrategia para la creación de trabajos formales a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dicho proyecto consistía en la entrega a los patrones de un porcentaje del sueldo de los trabajadores recientemente contratados que nunca hubieran tenido un empleo formal, por lo que se destacó como parte de las acciones dirigidas a la producción de trabajos para jóvenes.

De acuerdo con el reporte de la situación financiera del IMSS en el segundo semestre de 2009, el programa tuvo mil 900 registros patronales, con 12 mil 440 trabajadores inscritos, cifra inferior en 60.1 por ciento a la registrada en el ejercicio previo.

De la misma manera, el PPE mantuvo un subejercicio durante dos años, por lo que no se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en 2009 se decidió fijar nuevas reglas para su operación.

Posteriormente, en 2010 se creó la Ley de Fomento al Primer Empleo, que absorbió el papel del Programa del Primer Empleo.

En esta tercera etapa se fijaron deducciones en los impuestos Sobre la Renta (ISR) y Empresarial a Tasa Única (IETU) por tres años a todo patrón que contrate nuevos trabajadores con salario de hasta ocho veces el mínimo vigente.

Al respecto ambos especialistas consideraron que lo que primero fue un subsidio ahora es una deducción, y pese a los cambios a la fecha no existe una solución al desempleo de la juventud en México.

Una de las recientes propuestas políticas para incentivar la creación de empleos dirigidos a ese sector poblacional es la Ley para Promover la Educación, la Capacitación para el Empleo y el Trabajo de la Juventud, que se mantiene pendiente en la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley, promovido por la diputada Ifigenia Martínez, sugiere la necesidad de crear un orden jurídico a nivel nacional que garantice la coordinación de acciones y articulación intersectorial a favor de la preparación y el empleo para la juventud.

En entrevista, la integrante de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara baja señaló que en este sentido el proyecto plantea la creación de un Consejo Nacional cuya presidencia designaría el Ejecutivo federal y estaría a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En coordinación, ese consejo lo integrarían titulares de las secretarías de Economía, Educación Pública, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Reforma Agraria, Hacienda y Crédito Público, así como el IMSS y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

Además la iniciativa especifica que se contaría con un Fondo Nacional que, de avanzar la ley mencionada, sumaría los recursos públicos existentes dirigidos a políticas laborales, educativas y de capacitación para la juventud.

Sin embargo, indicó que se desconoce si la iniciativa expuesta en septiembre de 2010 se encuentra actualmente en la agenda legislativa para su discusión, pero que continuará en la promoción de su revisión.