Monterrey, NL.- El plazo establecido en el convenio firmado entre autoridades estatales y comerciantes informales para evitar que se instalen en espacios prohibidos de la Macroplaza concluye hoy.

Hasta anoche las autoridades no habían informado sobre avances en una posible reubicación de los oferentes ni tampoco éstos habían respetado las zonas donde no debían instalarse.

¿Qué dice el convenio?

Según el acuerdo firmado el pasado 21 de enero por el director del Parque Fundidora, Jean Joseph Leautaud; el entonces director de Comercio de Monterrey, Ranulfo Martínez, y Eduardo Arguijo por parte de los informales, se concedía a los ambulantes un plazo de 2 meses para instalarse en la Plaza Gastronómica.

También podían ocupar un espacio ubicado en la calle Juan Ignacio Ramón, entre Doctor Coss y Zaragoza.

Además, en el convenio se señaló que el Parque Fundidora cedería en comodato el centro comercial subterráneo “Gran Plaza”, en Morelos y Zaragoza, actualmente abandonado, y que el Municipio regio evaluaría las condiciones del lugar para una eventual rehabilitación y reacomodo de los puesteros.

Los oferentes se comprometían a detener las marchas que venían haciendo alrededor de la Macroplaza, así como no instalarse en los espacios que no habían sido autorizados en el acuerdo.

Sin embargo, desde el inicio los ambulantes se aprovecharon de la vaguedad del acuerdo para instalarse más cerca de la explanada del Museo de Historia.

Así empezó: Hacen tianguis los puesteros en ‘El Neptuno’

Se establecen aún en la Macro

En febrero, algunos comerciantes ya habían regresado a zonas prohibidas de la Gran Plaza, como La Fuente de la Vida, y desde entonces permanecen en esos espacios.

Tan sólo ayer, en un recorrido fueron detectados al menos 13 puestos que vendían recuerdos, frituras y aguas frescas frente a la Biblioteca estatal y el Teatro de la Ciudad.

En el cruce de Padre Mier y Zaragoza había otros cuatro puestos en el área de la Macroplaza.

Guadalupe Jiménez, líder de uno de los grupos de ambulantes, aseguró que los comerciantes que se encuentran en la Gran Plaza están afiliados a la CROC, agrupación que exige al Municipio de Monterrey y al Parque Fundidora que permitan a 200 oferentes trabajar en la Macro y el Paseo Santa Lucía.

Jiménez aseguró que ayer entregó oficios solicitando que se extienda el plazo del convenio para seguir instalados en Juan Ignacio Ramón, entre Zuazua y Doctor Coss, hasta que se defina a dónde serán reubicados.