A través de una nota de prensa, la ONG registró cinco actos de intimidación, dos de censura, dos de hostigamiento verbal, una amenaza, una restricción administrativa, un hostigamiento judicial y, dijo, “una muerte, esta última aún sin aclararse o investigarse de forma imparcial”.
Asimismo, explicó que hubo diez víctimas, de las que seis son periodistas o reporteros, así como dos medios de comunicación y dos hechos que involucraron a la ciudadanía en general.
“ Tan solo uno de los victimarios documentados no se vincula directamente con el Estado venezolano, siendo de ocupación desconocida”, añadió.
Espacio Público sostuvo que, en octubre, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenó el “cierre por ocho meses” del Diario La Voz, ubicado en el estado Miranda (norte), por “presuntamente no tener actualizada su cartelera fiscal”.
Igualmente, documentó una “falla masiva” de conectividad a internet motivada por “apagones y bajones de electricidad”.
“ Las regiones más afectadas fueron Táchira (oeste), Apure (oeste), Guárico (centro), Mérida (oeste), Miranda (norte) y Carabobo (norte), con caídas de hasta 20 por ciento de sus niveles normales de conectividad”, apostilló.
El pasado 18 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Venezuela aumentaron los ataques a periodistas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio según su informe más reciente.
La organización dijo que el Gobierno “continúa opacando los pocos vestigios que quedan de las libertades de prensa y expresión”, lo que ha convertido el periodismo en “una profesión de alto riesgo” en el país, luego de que las autoridades detuviesen a una docena de trabajadores de la prensa en los meses anteriores y posteriores a los comicios.
