Ciudad de México.-El presidente Enrique Peña Nieto, mediante el consejero jurídico de la Presidencia, anunció anoche el veto a una serie de disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forman parte de la llamada Ley 3de3, por violentar los derechos humanos de los mexicanos.

En un mensaje, el consejero Humberto Castillejos Cervantes indicó que el presidente Peña hizo ejercicio de su facultad constitucional de realizar las observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso, “conocida como facultad de veto”.

Tras anunciar que el Presidente de la República devolverá al Senado para su análisis el Artículo 32, incisos B y C de la Ley, y 15 artículos más, dijo que solicitará a la Comisión Permanente se realice un periodo extraordinario de sesiones para procesar el tema.

Aplica Peña Nieto veto ‘a medias’ a ley 3de3

El presidente Enrique Peña Nieto vetó ayer –de manera parcial– la Ley 3de3, por lo que regresará al Congreso con observaciones. La reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que modifique el Artículo 32, que obliga a los particulares que están en contacto con los recursos públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos, como si fueran funcionarios públicos.

El anuncio fue realizado por el consejero jurídico, Humberto Castillejos, quien no mencionó si el Jefe del Ejecutivo federal también propondrá cambiar el Artículo 29 de la misma legislación, el cual ha sido cuestionado por la sociedad civil por debilitar el espíritu original de la iniciativa, para conocer la riqueza de los servidores públicos.

“El Presidente, en ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, devolverá al Senado de la República, para su análisis, el Artículo 32, incisos d y c, de la Ley General de Responsabilidad Administrativas y otros 15 artículos más relacionados con este Artículo 32”, informó en un mensaje en Los Pinos.

Afirmó que el Primer Mandatario también está demandando al Congreso llamar a un nuevo periodo extraordinario para procesar esta petición ligada al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Recordó que estos artículos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer, todo su patrimonio y su declaración de intereses.

“El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Anticorrupción, porque sería imposible procesar millones y millones de declaraciones.

Argumentó que existen mecanismos novedosos para investigar y sancionar a los particulares que incurran en actos de corrupción, por lo que son los que se deben seguir usando.