Ciudad de México.- El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso desde septiembre por encabezar un grupo dedicado al contrabando de combustibles y huachicol fiscal, pelea en tribunales para mantenerse como miembro de la Armada de México.

La Oficialía Mayor de la Secretaría de Marina (Semar) inició el pasado 21 de octubre un procedimiento administrativo para dar de baja del servicio activo al vicealmirante, recluido desde el 2 de septiembre en el penal de alta seguridad del Altiplano. El caso del huachicol fiscal ha sacudido las estructuras internas de la institución.

Farías, sin embargo, no está dispuesto a irse voluntariamente.

Abogados del vicealmirante promovieron una demanda de amparo para impugnar el inicio de este procedimiento.

El 18 de noviembre, el juez federal Francisco Javier Rebolledo desechó la demanda por notoria improcedencia.

Pero el 5 de enero sus abogados promovieron un nuevo amparo reclamando, específicamente, su baja del servicio activo.

El 8 de enero, el juez Ulises Rivera envió esta demanda a su colega Rebolledo, por considerar que le corresponde conocer del caso, al haber recibido el primer amparo que promovió el vicealmirante.

Al sobrino del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, se le imputa encabezar una supuesta red de corrupción de marinos en las Aduanas que permitió el desembarque de 31 buques con combustible de contrabando en Altamira y Tampico, entre 2024 y 2025.

El contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano de Manuel, también fue acusado por estos delitos, pero no ha sido capturado.

Cacería de marinos continúa: Semar va por 4 altos mandos más por otros tres delitos

El 28 de octubre de 2025 se publicó que además de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General la República (FGR) contra una red de huachicol dentro de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), también hay cuatro investigaciones internas abiertas por delitos como cohecho, peculado y administración fraudulenta, las cuales iniciaron en 2024 y se mantienen vigentes.

Las indagatorias ya derivaron en sanciones a dos marinos de alto rango que eran el director del Ejercicio Presupuestario de la Dirección General Adjunta de Administración (Digadmon), y el subdirector de Sistemas Presupuestarios de la Digadmon, cuyos nombres permanecen reservados por la supuesta secrecía de la investigación.