Jalisco.- La regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Ocotlán, se colocó en el centro de la polémica tras ser captada en un video cargando a una cría de mono araña durante un evento cultural realizado en la explanada de la Casa de la Cultura municipal.

El primate, una especie en peligro de extinción y protegida por la NOM-059-SEMARNAT, apareció vestido con un suéter rosa, arnés y correa.

En las imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales se observa a la funcionaria sosteniendo al animal mientras era presentada en representación de la Presidenta Municipal, Deysi Ángel Hernández.

Ante la inquietud del mono, la edil del partido naranja le propinó un par de manotazos en la cabeza para intentar controlarlo, lo que desató críticas por posible maltrato animal y por la exhibición de fauna silvestre en un acto oficial.

 

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La tenencia de monos araña como mascotas o para fines recreativos está prohibida en México, ya que se trata de una especie en riesgo de extinción y su posesión sin autorización federal puede constituir un delito ambiental.

Tras la difusión del video y el revuelo generado en plataformas digitales, la regidora emitió un posicionamiento en su cuenta de Facebook donde aclaró que el mono no le pertenece.

Explicó que el animal fue llevado por uno de los asistentes al evento y que, por su cariño hacia los animales, se acercó a interactuar con él y lo cargó momentáneamente.

“ Reconozco que no fue una acción correcta, sobre todo en un evento público. No estuvo bajo mi cuidado ni hubo intención de exhibirlo o usarlo como atracción”, señaló Villarruel Gutiérrez, quien lamentó lo ocurrido y agradeció los señalamientos respetuosos sobre la responsabilidad en el manejo de fauna silvestre.

Publicaciones periodísticas, sin embargo, han señalado que existen fotografías previas -desde 2025- en las que la misma regidora aparece con un ejemplar similar, lo que pone en duda su versión.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una posible investigación formal por parte de autoridades ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Secretaría de Medio Ambiente estatal.