Ciudad Victoria, Tamps.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas mantiene abiertos varios frentes judiciales contra exintegrantes del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, a quienes se acusa de presunto desvío de recursos, adjudicaciones indebidas y abuso de funciones.

En las últimas semanas, tres exfuncionarios de primer nivel han sido vinculados o enfrentan procesos ante jueces de control.

Exsecretaria de Finanzas: desvío millonario en seguridad pública

Un juez de Control vinculó a proceso a Lourdes “N”, exsecretaria de Finanzas durante la administración de Cabeza de Vaca, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la exfuncionaria habría autorizado el desvío de 181 millones 454 mil 615 pesos, originalmente destinados al desarrollo de infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

El juez impuso como medidas cautelares la presentación periódica ante la autoridad judicial, una garantía económica de 300 mil pesos y la prohibición de salir de Reynosa, fijando un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el 14 de abril del 2026.

Exsubsecretario de Salud: contratos irregulares de seguros de vida

Otro caso se dirige contra Enrique Jorge “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, acusado del mismo delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por la adjudicación directa de contratos de seguros de vida al margen de la ley.

La investigación señala que en enero de 2020, el funcionario autorizó una excepción al concurso de proveedores para contratar a la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas por un monto de 5 millones 867 mil 184 pesos, cuando por el monto debía realizarse una licitación pública.

El pago total del contrato se realizó en abril de ese mismo año, sin que las pólizas fueran pagadas a deudos o trabajadores, según la indagatoria.

El juez impuso como medidas cautelares la entrega de pasaporte, prohibición de salir de México, presentación mensual ante la UMECA Altamira y una garantía económica de 500 mil pesos.

La resolución sobre su vinculación a proceso se definirá el 20 de octubre.

Durante la audiencia, el imputado declaró haber enfrentado el proceso “con transparencia y sin ocultarse”, aunque el juez ratificó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

Exsecretario de Desarrollo Económico: irregularidades y contratos simulados

La Fiscalía Anticorrupción también avanza contra Carlos Alberto “G”, exsecretario de Desarrollo Económico, acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades por haber autorizado contratos mediante adjudicación directa sin cumplir la Ley de Adquisiciones del Estado.

El juez de Control le impuso como medidas cautelares la?entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país, la presentación periódica ante la UMECA y una garantía económica de 200 mil pesos que deberá cubrir en las próximas 48 horas.

La audiencia de vinculación se llevará a cabo el 20 de octubre a las 8:00 de la mañana, en la Sala C del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria.

Según la actual titular de la dependencia, Ninfa Cantú Deándar, durante la entrega-recepción se detectaron irregularidades por más de 32 millones de pesos, vinculadas con contratos de servicios profesionales, seguridad, jardinería, promoción y comunicación, además de pagos sin evidencia de ejecución y triangulación de recursos en Fondo Tamaulipas.

Las anomalías generaron una cartera vencida superior a 100 millones de pesos y moratorios por otros 200 millones, además de gastos injustificados en viajes al extranjero.

Una red bajo la lupa

El fiscal anticorrupción Jesús Eduardo Govea Orozco afirmó que las investigaciones buscan “llevar ante la justicia a quienes hayan dañado el patrimonio público de Tamaulipas”, y confirmó que existen otras carpetas en integración relacionadas con exfuncionarios de distintas dependencias.

La Fiscalía detectó además una posible trama común entre las Secretarías de Salud y Seguridad Pública, donde los contratos de seguros de vida fueron adjudicados a la misma empresa intermediaria y los beneficiarios nunca recibieron los pagos correspondientes.

“ Son hechos que muestran un patrón de contratación irregular y desvío de recursos en distintas áreas del gobierno anterior”, expresó Govea Orozco.   

La Fiscalía Anticorrupción mantiene?líneas de investigación activas que podrían implicar a más exservidores públicos del sexenio pasado.