Saltillo, Coah.- Gisell N, empleada del Instituto Tecnológico Nacional de México, fue vinculada a un proceso penal por un Juez de Control, quien encontró los elementos suficientes para ubicarla como sospechosa de fraguar un fraude por dos millones y medio de pesos en agravio de tres personas.

Durante la audiencia, la abogada de Gisell intentó desvirtuar los datos de prueba que presentó el Ministerio Público, argumentando que la denuncia en contra de su cliente deriva de una demanda laboral que ella había interpuesto contra una de las víctimas identificada como Miriam, quien era su jefa en un negocio de préstamos de dinero.

La abogada señaló que Gisell había sido despedida del negocio que Miriam dirigía, por lo que interpuso una denuncia por despido injustificado y fue por ello que tanto Miriam como otras dos personas, Matías e Isela, la acusaron del fraude.

Ante esta evidencia presentada por la abogada de la defensa, los agentes del Ministerio Público lograron controvertirla y señalaron que la demanda laboral no estaba relacionada con el fraude, por lo que seguían sosteniendo las acusaciones contra Gisell.

Tras terminar el debate entre los agentes del Ministerio Público y los abogados de la defensa, el Juez de Control, Reynold Elguezabal, dictó el auto de vinculación a proceso contra Gisell, al encontrar los elementos suficientes para señalarla como sospechosa de cometer el fraude.

Después de vincular a la mujer, el Juez concedió la palabra al Ministerio Público, quien solicitó el cambio de la medida cautelar, ya que tenían pruebas de que Gisell probablemente no residía en el domicilio que había proporcionado.

Luego de que, tanto la mamá de Gisell como su hermana, declararan como testigos de que la imputada vivía en el domicilio proporcionado, el Juez resolvió a favor del Ministerio Público, los argumentos de la defensa no fueron suficientes para evitar el cambio de la medida cautelar.

Por ello, a Gisell se le impuso la instalación de un dispositivo electrónico geolocalizador que tendrá que portar hasta que se termine el proceso.

De acuerdo con la carpeta de investigación, a Gisell se le atribuye fraguar un fraude en contra de tres personas, fue el 12 de marzo que Gisell presentó un proyecto de inversión a Miriam, Isela y Matías.

La mujer les dijo que se trataba de la renta de montacargas en tres empresas de la región, Tupy, Stellantis y General Motors, con las cuales ya tenía contratos.

Así fue como las tres personas se convencieron de aportar una parte de la inversión, Isela le dio 900 mil pesos, Miriam y Matías aportaron 800 mil pesos cada uno, dando un total de dos millones 500 mil pesos.

Las tres víctimas hicieron pública la denuncia contra Gisell luego que esta no les regresó las supuestas ganancias que generó la inversión y se percataron que en realidad nunca existió la renta de los montacargas.