Saltillo, Coahuila.- El Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria de Saltillo, a cargo del juez Omar Alejandro Berlanga Elizondo, ordenó desalojar a cientos de familias en municipios como Acuña, Ramos Arizpe, Múzquiz, San Pedro de las Colonias y Francisco I. Madero, sin cubrir los requisitos de ley.

Evaristo Lenin Pérez Rivera, dirigente estatal de la UDC, informó que el problema trascendió en la colonia Santa Teresa, de Acuña, donde se ordenó el desalojo de más de 100 familias y al paso de los días han surgido más denuncias de familias afectadas en diferentes municipios.

“ Estamos en el Congreso del Estado para hacer pública una denuncia de un fraude en un proceso judicial que se está realizando amañado, mediante mecanismos que violentan los derechos de los acreditados, de trabajadores que en Acuña adquirieron estas viviendas hace más de 30 años”.

Los titulares de los créditos temen perder el patrimonio forjado a lo largo de años, quienes solicitaron el respaldo del partido para defenderse del desalojo.

“ De repente aparece un actuario de Saltillo, con una sentencia de Saltillo, donde se llevó a cabo el juicio, donde acá se hicieron las notificaciones por estrado y le dice que su casa ha sido rematada y que hay un nuevo dueño. Casas que se vendieron en 20, 30 mil pesos y que las reparan y que a los 3, 4 días, después de pintarles y darles una manita de gato, las venden en 700 mil”.

Los trabajadores adquirieron el crédito mediante hipotecarias que en el transcurso de los años fueron desapareciendo y los créditos se trasladaron a otras, hasta el llegar en punto que ya no les cobraron y los titulares desconocían dónde pagar.

“ De repente se presentan estas sentencias definitivas que me parece que es un verdadero atropello, pero es una práctica que se ha dado en todo el país. Ya lo habíamos denunciado cuando fui diputado federal y dos magistrados fueron a la cárcel: uno de Torreón y uno de Nayarit por este tipo de prácticas”.

“ Entonces hay que investigar a fondo qué está pasando en el Poder Judicial, por qué se permiten este tipo de juicios y proteger sobre todo el patrimonio de los trabajadores”.

Sostuvo que los trabajadores desean terminar de pagar los créditos, preguntan ante quién realizar los pagos para ponerse al corriente.

Ellos tienen cartas y cartas de estos despachos voraces que te amenazan con embargo, inclusive utilizan la imagen del Poder Judicial y es todo lo que tienen, pero no tienen ningún emplazamiento de una demanda formal para destituirlos de su vivienda. Son gente que está en los 65, 70 años de edad, que tienen más de treinta y tantos años viviendo en estas casas”.

Pérez Rivera añadió que en Acuña se organizaron para evitar los desalojos y aunque incurren en desacato, no permitirán que les quiten el patrimonio.

“ Es necesario hacer un análisis profundo del estado en que se encuentran este tipo de juicios, que es una práctica en la que verdaderamente hay mucha corrupción y se entrega dinero al actuario, al juez, a todas las instancias para que los juicios se hagan fast track y que los derechos sean violentados de los acreditados”, concluyó.