Cd. de México.- Una vez que han sido presentados ante un juez federal e iniciado así su juicio, los principales involucrados en la desaparición y muerte de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, deberán enfrentar su procedimiento judicial en prisión y enfrentar las diversas acusaciones que el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) les ha formulado.

En el caso del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, el MP federal no ha podido comprobar plenamente su participación en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre pasados, por lo cual hasta el momento enfrenta juicio por los delitos de delincuencia organizada, por el secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Román así como de Nicolás Mendoza Villa, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Dante Cervantes Delgado.

Abarca Velázquez también enfrenta un juicio por el homicidio calificado de Justino Carbajal Salgado y deberá responder ante un juez federal, el cual en los próximos meses y una vez analizadas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, deberá dictar sentencia condenatoria o absolutoria.

En el caso de María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa de Abarca fue acusada por el MP ante la justicia federal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Según el expediente de la acusación formulada contra Pineda Villa, ella se adhirió a la agrupación criminal Guerreros Unidos desde el 2005 y su participación era brindarles protección y apoyo a través de la compra de bienes muebles e inmuebles así como la colaboración en la venta y distribución de droga.

Respecto al lavado de dinero, la PGR la culpa ante el juez de que en sus declaraciones de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2009 a 2011, presentan una diferencia de ingresos no comprobables de 3 millones 286 mil 641 pesos; y que del 2009 al 2014, a través de cuatro cuentas bancarias recibió por concepto de depósitos 13 millones 722 mil 849 pesos, recursos que presuntamente procedían del cártel de los Guerreros Unidos.

Sobre Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, la procuraduría busca obtener del juez una sentencia de 140 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y homicidio, ambos actos delictivos están relacionados directamente con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo a diversos abogados consultados por Excélsior, dependiendo la determinación del juez, las partes de cada uno de los casos podrán impugnar la sentencia ante un tribunal federal, ahí, los magistrados resolverán si ésta debe mantenerse, revocarse o modificarse, dependiendo de las pruebas presentadas por los involucrados en el juicios.

“El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente”, indica el Código Federal de Procedimientos Penales.

Según los códigos y normas vigentes, tienen derecho de apelar una sentencia definitiva tanto el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido cuando hayan sido reconocidos por el juzgador.