Monclova, Coah.- La diputada local, Guadalupe Oyervides Valdez, compartió en entrevista los avances en la agenda legislativa del Congreso del Estado para el inicio de 2026, destacando los temas de la tipificación de la extorsión y la regulación de los anexos como dos de las principales iniciativas.

“Estamos arrancando con una agenda enfocada en la seguridad y hemos aprobado un presupuesto mayor para este rubro; la ley de extorsión es un parteaguas a nivel nacional, ya que somos el primer estado en homologarla”, afirmó Oyervides.

Este delito que ocupa el tercer lugar a nivel nacional, no contaba con una tipificación adecuada, lo que dificultaba la denuncia por parte de los ciudadanos; la nueva ley incluye la creación de una unidad especial con un presupuesto asignado y operativos que facilitarán la denuncia de este delito.

Urgente regular anexos

En cuanto a la regulación de los anexos, la Diputada explicó que la ley ya ha sido promulgada y que busca establecer requisitos claros para aquellos espacios que albergan a personas con adicciones.

“Es fundamental que estos centros cumplan con las normativas de derechos humanos y que el personal esté capacitado para atender adecuadamente a los internos”, destacó.

Según Oyervides, aproximadamente el 70 por ciento de los anexos en Coahuila no están regularizados; la ley exige que todos los centros de rehabilitación registren a las personas que allí se encuentran y quienes no lo hagan enfrentarán sanciones penales. “Esto es para garantizar un trato digno y evitar abusos”, señaló.

La Diputada también hizo hincapié en la importancia de que la ciudadanía colabore reportando cualquier irregularidad en estos centros.

“La Fiscalía tendrá que estar al tanto de quiénes están en cada anexo, lo que permitirá tener un mejor control sobre las situaciones de vulnerabilidad”, explicó.

Sobre la cantidad de anexos existentes en el estado, Oyervides indicó que la Secretaría de Salud será la encargada de realizar un mapeo para identificar todos los centros.

“La ley ya está vigente y la responsabilidad recae en varias dependencias, incluyendo la Fiscalía y la Secretaría de Salud”, aseguró.

“Es preocupante que existan tantos anexos irregulares que operan como negocios en lugar de centros de rehabilitación; la norma ya está en marcha y las autoridades deben actuar para garantizar el bienestar de quienes buscan ayuda”, concluyó Oyervides.