El caso más reciente involucra al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, señalado por utilizar habitualmente un avión privado que terminó desplomándose y provocó la muerte de dos tripulantes. Según versiones difundidas, la aeronave viajaba para recoger a una hija del mandatario, circunstancia que requiere esclarecimiento.

Existen otros antecedentes, como los de Gerardo Fernández Noroña, quien fue cuestionado por utilizar vuelos privados, mientras el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, enfrentó señalamientos similares. También la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha recibido críticas por sus desplazamientos aéreos.

Estos episodios muestran las dificultades de mantener la austeridad cuando aparecen las comodidades del poder. El acceso a recursos, relaciones empresariales y beneficios particulares puede terminar normalizando prácticas que antes se condenaban públicamente.

También surge una pregunta sobre quién paga esos viajes, qué intereses existen detrás de quienes facilitan las aeronaves y si los funcionarios reciben beneficios incompatibles con sus responsabilidades.

Morena enfrenta así una contradicción que debe resolver mediante transparencia y rendición de cuentas. Sus principios de austeridad perderán credibilidad si las reglas se aplican únicamente a quienes permanecen lejos de los círculos del poder.