Monterrey, N.L.- El diputado local Jesús Alberto Elizondo, presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León una propuesta para prohibir que haya “cadeneros” resguardando clubes nocturnos, bares, centros recreativos y demás establecimientos privados abiertos al público.

Esto, como iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Ley de Alcoholes y la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo.

De acuerdo con el legislador morenista, esta propuesta legislativa busca poner fin a una práctica implementada por personal de seguridad, quienes se caracterizan por negar el acceso a personas a estos centros nocturnos basándose en criterios arbitrarios como la apariencia física, forma de vestir, color de piel, complexión, edad o condición social.

“No podemos seguir tolerando que en pleno 2025 existan prácticas que humillan y discriminan a personas por cómo se ven o cómo visten. Esta iniciativa reconoce que la dignidad humana está por encima de cualquier criterio subjetivo. En Nuevo León, todos deben tener derecho a divertirse con libertad y respeto”, declaró el diputado en tribuna.

Puntos contemplados por la iniciativa

– La prohibición expresa de la figura del “cadenero”, entendida como el personal encargado de seleccionar discrecionalmente quién puede ingresar a un establecimiento.
– La obligación de contar con políticas de acceso claras, objetivas y visibles, que respeten los derechos humanos.
– Y la inclusión de esta disposición dentro de los requisitos para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Elizondo afirmó que esta no es una medida contra los negocios, sino a favor de una convivencia social más justa e incluyente.

“Queremos espacios seguros y respetuosos, donde la discriminación no tenga cabida. Esta no es una iniciativa contra nadie, sino a favor de todos”, puntualizó.

Esta propuesta incorpora experiencias legislativas de entidades como Ciudad de México y Jalisco, así como prácticas internacionales en países como España y Colombia, en donde ya se han adoptado normas para garantizar el acceso equitativo a espacios de convivencia.