Ciudad de México.- El buque Torm Agnes, implicado en un presunto esquema de contrabando de diésel, zarpó anticipadamente del puerto de Guaymas, Sonora, cuatro días antes de lo programado, según reveló una investigación del semanario Proceso basada en documentos obtenidos vía transparencia. La embarcación, que navega bajo bandera singapurense, fue utilizada para descargar más de 2.2 millones de litros de combustible sin declarar, en una operación que forma parte de una red criminal transnacional.

De acuerdo con el registro de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), el buque debía llegar el 14 de marzo con un manifiesto que indicaba el traslado de 9.68 toneladas de fluidos combustóleos. Sin embargo, el 20 de marzo descargó el diésel en el muelle 5 de la terminal sonorense, operación que fue omitida en los registros formales.

La salida anticipada del carguero se dio tras el operativo federal en Altamira, Tamaulipas, donde se detectaron actividades similares con otro buque, el Challenge Procyon, procedente de Estados Unidos. En ambos casos, las autoridades descubrieron el uso de documentación falsa, empresas fachada y modificaciones en los manifiestos de carga.

El reportaje de Proceso también expone que la vigilancia del puerto de Guaymas está a cargo de SEICSA, empresa contratada por la Secretaría de Marina por 65.6 millones de pesos, cuyo dueño es Elías Gerardo Valdez Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en México. En esa ocasión, la empresa no cumplió con su función de resguardo, facilitando la operación ilegal.

Valdez Cabrera ha sido proveedor del gobierno federal con 119 contratos públicos que suman más de 3,900 millones de pesos, y mantiene vínculos con figuras cercanas al poder, como Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, según revela Proceso.

La ruta del Torm Agnes incluyó una parada previa en Ensenada, Baja California, y tuvo como punto de origen la terminal de Valero Energy Corp en Houston, Texas, compañía que fue suspendida por el SAT del padrón de importadores. Posteriormente, el buque transportó alrededor de 7 millones de litros de diésel hacia Centroamérica, y actualmente navega rumbo al Puerto de Chiba, Japón.

La operación forma parte de una investigación más amplia en la que colaboran la Secretaría de Marina, FGR, Sedena, SSPC, Guardia Nacional, así como agencias de Estados Unidos, como el FBI y el Departamento de Justicia, quienes han vinculado estas rutas de tráfico con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Guaymas, una docena de pipas fueron aseguradas por la Guardia Nacional en las inmediaciones del puerto. Las empresas Autolíneas Roca y Mefra Fletes, encargadas del traslado del combustible, también han sido señaladas por su presunta participación en la red de huachicol fiscal, que opera en puertos federales bajo control militar desde el sexenio anterior.