Ciudad de México.- El ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, teme que se gire una orden de aprehensión en su contra derivada de investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de ese Estado.

Hernández presentó una demanda de amparo en la Ciudad de México contra cualquier cualquier citatorio y mandamiento privativo de la libertad, incluidos órdenes de aprehensión, detención o presentación por delitos del fuero común.

Conforme a listados judiciales, el ex Mandatario interpuso el pasado 18 de abril la demanda de garantías 332/2017 ante Patricia Marcela Diez Cerda, Juez Quinto de Distrito en Amparo Penal de esta capital.

Señaló a los juzgados penales del Primer Distrito Judicial de Ciudad Victoria como las autoridades que pudieran ordenar su aprehensión por ilícitos de la jurisdicción local.

La juzgadora le impuso el pago de una garantía de 22 mil pesos para que continúe protegido por la suspensión provisional que le fue concedida contra cualquier intento de captura.

Este jueves, ya con los informes del Ministerio Público, la juez conocerá si existe una orden de aprehensión contra Hernández.

De ser así, le concederá la suspensión definitiva que evitaría su captura, siempre y cuando el delito no sea grave o no tenga prevista la prisión preventiva oficiosa, en caso de una imputación en el nuevo sistema de justicia penal.

De no existir ningún mandamiento ministerial o judicial, la suspensión será negada.

Juan Jorge Olvera, abogado del ex Gobernador, señaló en entrevista que no tiene por ahora conocimiento oficial de algún citatorio o investigación en curso contra su cliente.

Explicó que el motivo por el cual presentó la demanda de amparo en nombre de Hernández es que funcionarios del Gobierno estatal han manifestado a la prensa que van a investigar a los anteriores Gobernadores de Tamaulipas.

En el 2015, la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi, ordenó la aprehensión de Hernández por lavado y transmisión ilegal de dinero, y este año añadió el cargo de defraudación bancaria.

En México, el ex gobernador fue investigado en la misma averiguación previa que llevó a perseguir a su antecesor Tomás Yarrington.

Sin embargo, en el 2013 la Subprocuraduría Especializada para la Investigación en Delincuencia Organizada archivó la indagatoria por falta de evidencias.