Mérida.- Fuerzas federales detuvieron en Yucatán a Josué Dorantes Escamilla, un sujeto denunciado por autoridades de Australia por la posible producción y venta de videograbaciones con contenido de abuso sexual infantil durante los últimos 10 años.

Se trata de un caso iniciado por una denuncia de la oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica de la Embajada de Australia en México, informó Ulises Lara, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, en un mensaje por internet.

Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina (Semar) detuvieron al imputado en un domicilio de la colonia Mulchechpén, en el Municipio yucateco de Kanasín, con base en una orden de aprehensión por el delito de trata de personas agravado.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el inmueble del detenido, así como tabletas, celulares, tarjetas SIM y de memoria Micro SD.
De acuerdo con Lara, los australianos en su denuncia informaron de una investigación de la Policía de Queensland, por abuso infantil y delitos sexuales, relacionada con material aparentemente producido en Yucatán, compartido en julio de 2023.

“Con motivo de las acciones realizadas por esta Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades de Australia, se detectó que un connacional realizaba la posible venta de material con contenido de abuso sexual infantil”, dijo el funcionario.

“Posteriormente, en conjunto con personal de investigación de la SSPC, se logró la identificación de Josué Raúl “N”, quien en un período aproximado de 10 años habría utilizado diversas redes sociales para enganchar a niñas, niños y adolescentes con la finalidad de videograbarlos en actos sexuales con él y luego vender el material en una red social”.

Indicó que el delito de trata de personas agravado se le atribuye a Dorantes en la hipótesis del sujeto activo que induzca por cualquier medio a personas menores de 18 años, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas y se beneficie económicamente de la explotación de ellas.

El imputado fue puesto a disposición de un juez de control, el cual le impuso la prisión preventiva de oficio en el Centro de Reinserción Social en Mérida, capital de Yucatán.

Dorantes también solicitó al juzgador duplicar a 144 horas el plazo legal para definir su situación jurídica, es decir, para que se determine si lo vinculan o no a proceso por el delito imputado.