Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé revisar mañana, por segunda vez, un amparo que alega que es inconstitucional la prohibición absoluta de la mariguana para el uso recreativo, prevista en la Ley General de Salud.

El proyecto de sentencia no entra al fondo del asunto, sino que propone devolver el expediente al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para que éste se pronuncie sobre cuestiones técnicas relativas a la procedencia del amparo, informaron fuentes de la Corte.

La Primera Sala de la Corte deberá decidir si acepta el proyecto en sus términos, si lo rechaza y asigna a otro ministro, o si manda el caso al Pleno, que nunca se ha pronunciado sobre el tema.

NUEVO PROYECTO

El amparo fue promovido por el litigante Ulrich Richter y es similar a uno resuelto en noviembre de 2015, cuando por cuatro votos contra uno, la Primera Sala declaró inconstitucional la prohibición absoluta y se ordenó al Gobierno autorizar a cuatro personas el consumo recreativo de la hierba.

El nuevo proyecto es del ministro Jorge Pardo, que en 2015 fue el único que votó en contra, con el argumento técnico de que los quejosos no podrían acceder a las semillas para cultivar su propia mariguana.

La ministra Norma Piña ingresó a la Corte en diciembre de 2015, por lo que no ha expresado su opinión, mientras que Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez y José Ramón Cossío, quienes votaron por amparar, siguen en la Sala.

CASO RICHTER

El caso de Richter es el único que ha llegado a la Corte desde 2015, pues la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le negó casi de inmediato un permiso para producir su propia mariguana que solicitó poco después del fallo de la Sala, en contraste con cientos de peticiones que estuvieron congeladas durante meses. La negativa de permiso de la Cofepris es el acto de autoridad que permite que se promueva el amparo para cuestionar la constitucionalidad de los artículos de la ley que prohíben la mariguana.

En primera instancia, el amparo fue negado a Richter en abril de 2016 por un juez federal, que rechazó el criterio de la Corte y sostuvo que el Congreso es el que debe fijar los parámetros para consumo de estupefacientes, no así el Poder Judicial, por las afectaciones que conlleva a la salud. Este argumento es opuesto al que sostuvo la mayoría en la Primera Sala, que basó su sentencia en que la prohibición absoluta es desproporcional y atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.