La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dominada por los aliados del presidente Nicolás Maduro, asumió el viernes las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, luego de que su junta directiva no se presentó a supeditarse al cuerpo plenipotenciario.

Los miembros de la junta directiva del Congreso ya habían advertido la noche del jueves que no acudirían a la sesión por considerar que es “un poder de facto, expresión de la naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Nicolás Maduro en el poder”.

La Constituyente ha sido criticada fuertemente por diversos gobiernos alrededor del mundo que le han pedido a Maduro que dé marcha atrás. Pero el mandatario socialista la ha defendido, asegurando que es la única forma de pacificar el país, inmerso en una crisis política y económica.

“La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de sus poderes (…) decreta asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, el sistema socioeconómico financiero”, se lee en el decreto aprobado por unanimidad.

“Considerando que la junta directiva de la Asamblea Nacional fue convocada (…) y no asistió en franco desconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, agregó.

En los últimos días, el resto de poderes públicos -incluido el propio Maduro- desfilaron por la asamblea constituyente para subordinarse a su plenipotenciario poder que reescribirá la carta magna y funcionará por dos años.

Las primeras críticas a la medida se hicieron sentir desde la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, ha liderado las críticas contra el gobierno de Caracas.

“Disolución fraudulenta de la Asamblea Nacional de Venezuela por la Asamblea Constituyente es profundización del golpe de Estado en Venezuela”, escribió en su cuenta de Twitter, antes de sugerir una nueva reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización para tratar la crisis en la nación petrolera.

Sin embargo, la presidenta del cuerpo, Delcy Rodríguez, explicó que no se ha disuelto el Parlamento.

“Lo que le estamos diciendo es: Señores trabajen, no les vamos a dar vacaciones, tienen que trabajar por el bien del pueblo de Venezuela”, dijo la también excanciller.

Aunque el Parlamento podrá seguir sesionando, la movida lo mantendrá atado de manos como ha estado desde su elección en el 2015, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminara que se encuentra en “desacato” tras no haber removido a tres diputados acusados de comprar sus curules.

Desde que asumió a principios del 2016, el único poder en manos de la oposición no ha podido sancionar ni una ley.

“La Asamblea Nacional legítima es la que eligió el pueblo de Venezuela, lo que hace el régimen es harakiri político”, dijo el diputado opositor Juan Guaidó.

Entre abril y julio, miles de venezolanos protestaron contra el gobierno de Maduro por considerarlo un “dictador” y el principal responsable de la crisis reflejada en una inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas.

El sucesor político del fallecido Hugo Chávez, por su parte, sostiene que las protestas, en medio de las que fallecieron más de 120 personas, sólo buscan desbancarlo.